Con los efectos económicos de la pandemia y por la pérdida de empleo e ingresos, más personas han entrado en situación de calle, pero también se incrementó la discriminación contra estas personas, expresaron diputados y organizaciones civiles en el foro Derechos humanos de las poblaciones callejeras.

En ese encuentro virtual, Enrique Hernández, director de El Caracol AC, señaló que familias permanecen en la calle, tras perder el empleo y no poder pagar rentas, porque no hay ninguna opción de protección del gobierno federal para darles un hogar temporal. Ni siquiera se les reconoce calidad humana, dijo.

Refirió que conocieron el caso de un trabajador de 50 años, quien después de un mes sin ingresos y no poder cubrir el arrendamiento, se quedó fuera de un hospital junto con su esposa y dos hijos, porque pensó que ahí se podía resguardar; no tuvo quien le ayudara, comunidad que le brindara una casa ni una institución del Estado que le financiara dos meses de renta.

La diputada Lorena Villavicencio dijo que según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe en México 14 millones de personas viven en la calle, a quienes se violentan no sólo sus derechos a la alimentación y la vivienda, sino a la educación, cultura y ocio.

Explicó que, junto con los migrantes, las poblaciones en la calle son quienes menos ejercen sus derechos, son invisibles para el Estado y la sociedad, es un fenómeno de discriminación que no sólo se da e México de manera muy grave, sino en todo el mundo.

Además, expuso que estas personas no cuentan con derechos porque para tenerlos hay que tener un domicilio, pero como viven en la intemperie, en la calle, no tienen esa ancla y sufren una violencia institucional enorme.

Con la pandemia, miles de personas han dejado de tener ingresos por perder su empleo y no son sujetos de apoyo de ningún programa social, expresó.