Con el sismo de 2017 salieron a flote carencias estructurales del inmueble
Sábado 5 de septiembre de 2020, p. 29
Cuatro hombres fueron vinculados a proceso por su probable participación en la comisión de hechos con apariencia de fraude genérico en agravio de 165 personas y del gobierno de la Ciudad de México por un monto de al menos 81 millones de pesos.
El monto de los recursos se utilizó para la rehabilitación y restructuración de un edificio ubicado en la avenida Insurgentes Norte, colonia Capultitlán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual resultó con daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Sin embargo, los acusados enfrentarán todo el proceso en libertad al presentar un amparo otorgado por un juzgado de distrito, lo cual impide su detención; en la audiencia de ayer, el juez fijó seis meses de plazo para la investigación complementaria.
A los presuntos responsables del delito de fraude genérico se les imputa la edificación de un inmueble con deficiencias estructurales y fuera de la normatividad, por lo que al dañarse tras el sismo de 2017 el gobierno capitalino tuvo que erogar 81 millones de pesos para su rehabilitación y restructuración.
De acuerdo con el juez, en la construcción del inmueble se utilizó un coeficiente sísmico de diseño
–que se explicó por medio de una fórmula aritmética utilizada en la construcción– cinco veces menor al que obligaba la normatividad aplicable, lo que generó una falla estructural.
Agregó que el lucro posiblemente se presentó cuando los inculpados ahorraron recursos en la aplicación de materiales necesarios para esa obra, tales como acero, cemento y mano de obra por la cantidad de 53 millones 399 mil 572 pesos con dos centavos.
En la audiencia inicial, el juzgador consideró al gobierno capitalino, a través de la Comisión de Reconstrucción, como una víctima, después de que para salvaguardar la integridad física del inmueble tuvo que erogar recursos que en su momento debieron aplicar los imputados al proyectar y edificar esa obra.
Los acusados comparecieron ante el juez del control del fuero común por mandato de un juzgado de distrito, ante quien garantizaron su libertad y presencia con una suma millonaria de la que no se precisó el monto.