La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa con proyecto de decreto de reforma al artículo 41 de la Constitución, con el propósito de reducir 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral (INE) pretende que se apruebe una bolsa de 7 mil millones de pesos para ese propósito en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

No obstante, de autorizarse, una vez que se dictamine en la Comisión de Puntos Constitucionales y se turne al pleno cameral, no tendría efecto para el proceso electoral de 2021 que inicia el próximo lunes. El artículo 105 de la Carta Magna enuncia que, para entrar en vigor una reforma tal, deberá ser promulgada 90 días antes del proceso electoral. Por consiguiente, se aplicaría para la siguiente elección federal, es decir, en 2024.

Así, el grupo mayoritario en San Lázaro enlistó por segunda ocasión en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro la misma propuesta (la primera fue el 7 de marzo de 2019). Contempla la disminución considerable del gasto del Estado en actividades político-electorales, pero mantiene garantizada una distribución proporcional y equitativa de los recursos públicos asignados a la vida partidista y a las actividades de obtención del voto.

Además, la disminución deberá promover que las fuerzas políticas realicen un uso más racional de los recursos públicos y ejerzan sus funciones con metas más ideológicas que pragmáticas. Es preciso que lapolítica vuelva a la dinámica de la convicción. Que deje de intercambiarse el voto por una dádiva. Que cese el lucro con la necesidad que tiene la gente de acceder a los benefactores más esenciales. Que los partidos regresen a la actividad de convencer, no de condicionar, coaccionar o inducir. El grupo parlamentario de Morena manifiesta su compromiso con la transformación de esas obsoletas formas de hacer política en México.

Los argumentos del morenismo tienen fundamento en el devenir del sistema de partidos, en el que todos ellos han gozado de un trato privilegiado, enunciado por ellos mismos en las leyes electorales que se han aprobado.

Se trata de reducir el dispendio de recursos en campañas políticas que poco aportan a una decisión verdaderamente informada; es parte de esa transformación.