Dos de las víctimas que participaron el miércoles en la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicada en el Centro Histórico de la capital señalaron que han comenzado a recibir asesoría jurídica y apoyo del organismo autónomo durante el desplazamiento forzado que padecen, al tiempo que las organizaciones feministas que aún se encuentran en el edificio pidieron que este caso de ayuda no sirva para desacreditar su movimiento.

Poco antes de las 10 de la mañana de este sábado, los grupos que ocuparon el viernes el inmueble de República de Cuba 60 convocaron a los medios para informar que no se retirarán del lugar hasta que sean atendidas adecuadamente sus demandas y se castigue a los funcionarios responsables de que sus casos no sean investigados.

De aquí no nos vamos a mover y van a seguir llegando más madres de toda la República. Somos un chingo y de todo el país. ¡Hagan su maldito trabajo, fiscales y Ministerios Públicos! Si no pueden, tengan dignidad y renuncien, afirmó desde el balcón del inmueble Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes, víctima de feminicidio en enero de 2016 en la Ciudad de México.

Tanto Zamudio como Érika Martínez y otras familiares de víctimas de abusos graves salieron al balcón para manifestar su enojo e inconformidad por el trato que han recibido en las instituciones de procuración de justicia, y lanzar desde arriba sillas, papeles rotos y otros objetos, que más tarde quemaron sobre la calle.

De igual forma, mostraron bolsas con comida de lujo que había dentro del edificio, y anunciaron que se las van a entregar a las personas que las necesitan, entre ellas los menores huérfanos por casos de feminicidio.

A las 3:30 PM, la CNDH convocó a una conferencia de prensa donde estuvieron presentes Silvia Castillo y Marcela Alemán –originarias de San Luis Potosí–, dos de las víctimas que participaron el miércoles en la toma del edificio de la CNDH, las cuales señalaron que han comenzado a recibir apoyo del organismo.

Ambas enfatizaron que no recibieron recursos económicos por parte de la comisión y que entre sus principales exigencias está que los agresores de sus seres queridos sean juzgados y sancionados conforme a derecho, para que sus actos no queden impunes.

Pocos minutos después de concluido ese acto, los familiares de víctimas y organizaciones feministas que aún permanecen en la toma del inmueble advirtieron que el caso de Alemán y Castillo está siendo usado por la CNDH para desacreditar la lucha de los grupos que decidieron quedarse en el lugar hasta que sus exigencias sean atendidas.

De igual forma, Delia Quiroz señaló que un grupo de al menos siete personas podría salir del inmueble si reciben la atención de la Secretaría de Gobernación, al tiempo que Yesenia Quiroz indicó que ella asumía la responsabilidad de la toma y se quedaría en el lugar por tiempo indefinido, pues esperan la llegada de más familias para reforzar la ocupación.