El contrato colectivo que Grupo México firmó con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para operar la histórica mina de Cananea, en 2011, luego de romper la huelga de los trabajadores del sindicato minero, es un claro ejemplo de un contrato de protección patronal, en que se disminuyeron salarios, se eliminaron prestaciones, se echó abajo el derecho a la estabilidad en el empleo y hasta la cláusula de exclusión se impuso.

Un contrato signado a fines del sexenio de Felipe Calderón a gusto del empresario Germán Larrea permitió disminuir al mínimo el costo de la mano de obra en la mina productora de cobre, destaca un estudio realizado por el Sindicato de Trabajadores Minero Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia.

En el mismo se detalla que el gobierno de Calderón y su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont –quien había sido abogado de Grupo México (GM)– avalaron violaciones a la ley que permitie-ron a Larrea pactar con un sindicato cetemista un contrato colectivo antes de contratar a nuevos trabajadores que sustituyeron a los mineros, con quienes se rompió relación laboral en plena huelga.

En el documento, elaborado por Óscar Alzaga, asesor jurídico del sindicato, se detalla que el contrato colectivo que operaba en 2007, cuando estalló la huelga en Cananea, no tiene nada que ver con el que está vigente ahora y al que revisión tras revisión le han quitando más derechos a los sindicalizados.

Mientras en 2005 los salarios de las categorías mas altas de los mineros de Cananea firmadas por la sección 65 del sindicato eran de 511 y 438 pesos, para la revisión contractual de 2017-2019, la CTM permitió que quedaran en 266 y 265 pesos. En 12 años retrocedió brutalmente el salario minero, pese a que se realizan las mismas labores y la empresa es la misma, sólo cambió de nombre, de Minera Cananea a Buena Vista del Cobre, y de sindicato, para aumentar sus ganancias.

De igual modo, Larrea consiguió que se disminuyeran los seguros de vida. De 50 mil pesos por muerte accidental a 35 mil, y que se le permitiera desplazar la mano de obra sindicalizada, ya que la CTM le da libertad plena para practicar el outsourcing, al establecer que la empresa puede ocupar los servicios de terceros, sean individuos, entes jurídicos o personas morales independientes de ese contrato.

De 253 artículos con que contaba el contrato del sindicato, el actual sólo tiene 60, ya que desaparecieron las claúsulas que garantizaban la bilateralidad en la relación, entre ellas las que protegían la estabilidad del empleo de los mineros a través de diversas disposiciones.

El contrato de la CTM en su cláusula 43 restringe el acceso a los dirigentes sindicales a los lugares de trabajo, a los que sólo pueden pasar previo aviso al subgerente. Con ello, de forma unilateral es la empresa la que decide la intensidad del trabajo de los obreros.

El sindicato interpuso denuncias contra ese contrato patronal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que recurrió cuando Larrea reabrió la mina y violó los derechos preferenciales que establece la Ley Federal del Trabajo, ya que se negó a recontratar a los huelguistas y colocó letreros con la leyenda:Trabajo para personas que no sean de Cananea.