Con el propósito de continuar la búsqueda de 351 personas, garantizar los derechos de víctimas de desaparición y evitar la revictimización en su contacto con los familiares, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México capacitará a personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Comisión de Búsqueda de Personas y a servidores públicos de las 16 alcaldías.

Asimismo, fortalecerá las capacidades en materia de búsqueda de personas desaparecidas, para lo cual se contará con la participación de expertos de la sociedad civil y académicos nacionales e internacionales. Con ello se busca favorecer la aplicación y generación de herramientas para la búsqueda y el acompañamiento en aspectos sicológicos de las familias de las víctimas.

La firma de un convenio entre la CDH y la Comisión de Búsqueda de Personas permitirá desarrollar un programa de capacitación especializado que profundice en la aplicación del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Se trata, señaló el organismo, de garantizar la protección integral de los derechos de las víctimas de desaparición, de sus familiares y demás víctimas indirectas, donde la sensibilización y capacitación de los servidores públicos resulta vital en la obtención de información útil para la localización de las personas.

Así como evitar la revictimización en su contacto con las familias y el establecimiento y funcionamiento de los mecanismos de alerta temprana y de acción inmediata cuando existe el reporte de desaparecidos, precisó.

La Comisión de Búsqueda de Personas, recordó, se creó el 17 de mayo del año pasado, y unos días después fue nombrado su titular, Fernando Elizondo García, y desde entonces ambas instituciones han desarrollado lazos de colaboración para la atención de los casos.

Mencionó que en cada uno se ponen al centro los derechos de las víctimas directas y sus familias, así como víctimas indirectas, ya que es una agenda fundamental en el país y en la Ciudad de México, en la que todos los órganos del Estado deben sumar para revertir la deuda histórica que se tiene en materia de personas desaparecidas o no localizadas.