l 3 de septiembre, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pidió perdón a nombre del Estado mexicano por la matanza de Acteal, cometida el 22 de diciembre de 1997. Ese día, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en la ermita de la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas. De las víctimas, 34 eran mujeres, 16 de ellas niñas, y 11 varones, entre ellos cuatro infantes; 26 personas más resultaron heridas, en su mayoría niños que quedaron con lesiones permanentes.
Las víctimas pertenecían a la sociedad civil Las Abejas, y fueron masacradas de manera salvaje por unos 80 hombres fuertemente armados, entre los que había personal de la Brigada de Policía Militar y de servicios logísticos de la Secretaría de la Defensa Nacional procedentes de diversas zonas militares del país, vestidos de civil y con antecedentes de mala conducta castrense. En una operación que se extendió durante siete horas, las víctimas fueron asesinadas con disparos de fusiles FAL y G3, usados por la Policía Militar y el Ejército. Oficialmente, el responsable directo de la matanza fue el grupo paramilitar Máscara Roja, de filiación priísta, preparado y entrenado por el Ejército Mexicano para operar en la región de Los Altos de Chiapas. Según testigos oculares, el grupo de civiles armados actuó respaldado por una brigada de operaciones mixtas (BOM), integrada por militares, policías judiciales y de seguridad pública del estado, que se encontraba a menos de 200 metros de distancia de la comunidad.
Ante el desconocimiento de los Acuerdos de San Andrés por el presidente Ernesto Zedillo, ayuntamientos autónomos de bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con eje en el ejercicio de los usos y costumbres indígenas, habían derivado en un poder paralelo que ejercía el gobierno de hecho, y los caciques tradicionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se asimilaron a la violencia paramilitar para frustrar ese proceso.
El múltiple homicidio de Acteal fue un castigo ejemplar dirigido a diluir por la vía del terror la resistencia civil. La matanza respondió a una lógica contrainsurgente de guerra difusa contra el EZLN, sus bases de apoyo y las organizaciones civiles y eclesiales solidarias, pero fue también una reacción racista, autoritaria y patológica del gobierno zedillista y los militares contra el ejercicio de las autonomías indígenas. Testimonios de víctimas sobrevivientes dieron cuenta de prácticas de violencia inéditas en Chenalhó; en la región de Los Altos no existían antecedentes de técnicas de exterminio como las allí practicadas por los verdugos. En los conflictos intercomunitarios no se había involucrado a mujeres y niños; tampoco se había mutilado a las víctimas con machetes después de ser asesinadas con armas de fuego, como ocurrió con cuatro embarazadas a quienes profanaron sus vientres, extrayendo sus fetos, como modo de represión para acabar con el enemigo, típico de la contrainsurgencia, la guerra sucia y el terrorismo de Estado.
La revelación del Plan de Campaña Chiapas 94 de la Sedena 12 días después de la matanza, vino a demostrar que la acción paramilitar fue una operación de guerra irregular. Y como tal, un crimen de Estado. Redactado por quien se ostentaba bajo el nombre clave de S-3 –presumiblemente el general Mario Renán Castillo−, dicho plan tenía como objetivo estratégico-operacional destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislándolo de la población civil y lograr el apoyo de ésta, en beneficio de las operaciones
del Ejército. Como objetivos tácticos figuraban destruir y/o desorganizar la estructura política y militar del EZLN
, para lo cual, junto con operaciones de inteligencia, sicológicas, de control de población civil y logísticas, se instruía la organización, adiestramiento, asesoramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares
(sic). Agregaba: En caso de no existir fuerzas de autodefensa, es necesario crearlas
. De manera textual se ordenaba “organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil –entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico–, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones”.
En Acteal también se aplicaron los lineamientos del Manual de guerra irregular, operaciones de contraguerrilla y restauración del orden, de la Sedena, donde se afirma, citando a Mao, que el pueblo es a la guerrilla como el agua al pez
. Pero al pez, agrega, se le puede hacer imposible la vida en el agua, agitándola, introduciendo elementos perjudiciales a su subsistencia, o peces más bravos que lo ataquen, lo persigan y lo obliguen a desaparecer
. Esa estrategia paramilitar estuvo dirigida a tender un cerco sanitario en torno al EZLN, para fijarlo en un terreno previamente cuadriculado y, una vez aislado de su base social, intentar destruirlo y/o aniquilarlo.
El Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado y un grupo de familias escindidas de Las Abejas, y la disculpa pública del subsecretario de Gobernación Encinas no extingue las demandas de verdad, juicio a los culpables y no repetición de quienes siguen perteneciendo a esa organización indígena. Zedillo y la cadena de mando de la Sedena siguen impunes, igual que el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro. Y la violencia paramilitar también sigue vigente en Aldama, Tila y Chenalhó contra comunidades bases de apoyo del EZLN.
