Política
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En defensa propia

Comercio y corrupción

E

jercer el comercio, ganándose la vida honradamente, no sólo debe ser permisible, sino encomiable. Esa actividad, que tiene orígenes y tradiciones arcaicos, ha sido también factor fundamental para cohesionar y fortalecer el progreso personal y la vida comunitaria.

En el México prehispánico, los tianguis y las rutas del comercio permanente entre los territorios de Mesoamérica, las culturas del altiplano y el imperio maya dejaron huellas y evidencias monumentales que han quedado grabadas para siempre en las metrópolis toltecas y teotihuacanas, así como en las grandes urbes del sureste posclásico.

Durante la Colonia, El Parián de la Plaza Mayor de la capital fue símbolo de su gran pujanza económica y comercial, así como de sus vínculos con la política y el poder de aquellos tiempos.

Ya en los años 50 del siglo pasado, el comercio informal en la capital se integró a un cambio sustancial, a través de un modelo definido y organizado legalmente gracias a la mano de hierro del regente Uruchurtu, que construyó la más extensa red de mercados en la ciudad, para darle acogida y formalidad; mientras facilitaba la regularización de muchos giros, acabando así con la mayor parte de un ambulantaje que ya no tenía cabida en el México de éxito y de progreso que estaba surgiendo.

Así se encontraba esa actividad comercial, cuando llegaron la globalización y la modernidad, entre los años 88 y 94, promovidas aquí por un gobierno insensible y contrario a los intereses del país, que desmanteló y aniquiló la cadena de producción-comercialización de arraigo mexicano, para entregarla a una apertura injusta, traidora y abusiva, que abrió indiscriminadamente nuestras fronteras económicas –que se habían construido arduamente durante décadas–, sometiéndonos a una competencia internacional absolutamente aplastante y desproporcionada, que contaba con una infraestructura productiva y con capitales con los que era imposible competir, ya que disfrutaban de alicientes e impuestos inalcanzables para nosotros, así como organizaciones logísticas de operación y de servicio muy superiores a la capacidad instalada en México y que, además, no tenía la carga costosísima de la corrupción.

De ese modo fue como se entregó y se rindió la plaza mexicana del comercio, de manera absoluta e incondicional, con los resultados desastrosos que hemos sufrido; en una economía nacional que, desde los años 90, no ha vuelto a crecer en términos reales y sí ha catapultado, en forma geométrica, la deuda interna y externa, minimizan a los pequeños y medianos empresarios mexicanos formales que han quedado prácticamente aniquilados, frente a una informalidad multiplicada y desbordada, y ante los consorcios trasnacionales, con sus socios cimarrones, sus cómplices y sus encubridores burocráticos, llevando a México a la tasa de informalidad más alta del continente americano, de Europa y de Asia Central, que alcanzó hasta 60 por ciento de la economía nacional, en 2009, lo cual, afortunadamente, ya se está logrando revertir.

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▲ Un vendedor ambulante expende tapabocas y máscaras, en el contexto del semáforo naranja por la pandemia de Covid-19, en la Ciudad de México.Foto Cristina Rodríguez

En el ámbito de deterioro que provocó esa política entreguista, las calles, banquetas y esquinas del dominio público y de uso común de todo el país fueron invadidas por comerciantes que encontraron que podían subsistir sin pagar impuestos; sin pagar renta; sin pagar salarios justos, ni prestaciones sociales; sin cubrir cuotas aduaneras, y sin cumplir con ninguna de las obligaciones que el comercio formal debe acatar.

Lo que sí tuvieron que hacer esos comerciantes fue someterse a tributos simbólicos y selectivos de una burocracia corrupta, así como a la extorsión mafiosa de líderes creados y protegidos, en su momento, por el gobierno y su partido único, en complicidad con capos territoriales revestidos de impunidad que se convirtieron en caciques de horca y cuchillo, que han contado con halcones que monitorean todo lo que ocurre en sus dominios y que mantienen grupos de choque que cobran cuotas y agreden a quienes no se someten; mientras, el tráfico de drogas y la prostitución se han multiplicado, en contubernio con extranjeros ilegales que se han infiltrado en todo el país.

Como se puede comprobar, la modernidad globalizadora llevó a México a una regresión social histórica y a una ilegalidad multiplicada, mientras inmensas fortunas se amasaron en esos territorios de corrupción, en un fenómeno que fue el producto natural de una política económica destructora que dañó a las mayorías productivas, protegiendo intereses ajenos y colusiones delictivas. Y, por ello, ahora es necesario retomar la legalidad y la equidad en la economía y, en especial, en el comercio, desvinculándolo del delito y de la competencia desleal.

Para lograr lo anterior se requiere una política nacional que incluya la totalidad del pequeño y mediano comercio en el país, tanto formal como informal, para que todos cooperen por igual y se sujeten a las mismas reglas, obteniendo semejantes alicientes; dándoles, sin excepción alguna, los elementos necesarios para su subsistencia y crecimiento frente al aplastante poderío de los grandes consorcios protegidos que eluden impuestos, y al acecho aniquilante de la corrupción oficial, a la que hay que seguir combatiendo sin descanso, porque esa es la génesis de todos estos desastres.