os principales proyectos del sexenio 2018-2024 se han mantenido, a pesar de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el gran reto es no perder el ímpetu en la nueva realidad. Uno de los objetivos máximos en ese renglón es construir un sistema único, público, universal y gratuito. El punto de partida es reconocer que nuestro sistema se ha construido históricamente como uno segmentado, es decir, con mecanismos de acceso diferenciados entre seguridad social laboral, población sin seguridad social o abierta, o mediante el pago a aseguradores o proveedores privado; además, está fragmentado, o sea, cada una de estas categorías tiene distintas formas de acceder a los servicios. Quien generalmente lleva la peor atención es la población sin seguridad social laboral y residente en zonas rurales alejadas. El punto de llegada es igualar los derechos entre la población sin y con seguridad social como paso previo a la unificación de los servicios. La precondición es, empero, que se haya mejorado y uniformado la atención a la salud.

Fue un paso importante derogar el SNPSS-Seguro Popular, en diciembre de 2019. En la misma fecha se legisló la figura del Sistema de Salud para el Bienestar (Insabi), que operaría la prestación de servicios y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social laboral, a través de un esquema federalizado, entendido como centralizado en la Federación. Hasta ahora, la trayectoria del Insabi ha sido accidentada. Al menos, nueve estados no han firmado el acuerdo general con ese instituto, y muy pocos el acuerdo específico, que explicita la forma concreta de la federalización de los servicios. Es decir, se ha creado un nuevo segmento en el sistema público de salud, que es el de Insabi, sin que desaparezcan los servicios estatales, que en la práctica funcionan como con el Seguro Popular.

La crítica reiterada es que el Insabi no tiene reglas de operación sobre cómo otorgar y comprobar los recursos del Fondo de Salud, que corresponden a los del extinto Fideicomiso de Gastos Catastróficos. Así, en vez de incrementar la transparencia, tema prioritario de la 4T, se dificulta seguir el uso de los recursos financieros. Hace unos días se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la estructura orgánica del Insabi. Contrario a una de las intenciones de la desaparición del Seguro Popular, que fue ahorrar los recursos gastados en su estructura administrativa a nivel federal y en los estados, la orgánica del Insabi es más grande y costosa, porque hay nuevos puestos y tiene niveles de remuneración más altos; también cuenta con unidades y 49 coordinaciones. Inexplicablemente, el DOF señala que la estructura orgánica fue aprobada el 17 de enero 2020 en una reunión que supuestamente se canceló, pero se publica hasta el 30 de julio.

Otro documento publicado en el DOF el 18 de agosto pasado es un acuerdo sobre la nueva estructura de la Secretaría de Salud, que transfiere casi todas las funciones que antes correspondían a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud a la Subsecretaría de Prevención y Promoción, lo que convierte de hecho a Hugo López-Gatell en un subsecretario más poderoso que el propio titular de la dependencia. Este acuerdo es ilegal, por lo menos en lo referido a la Cofepris, que por ley está encabezada por un comisionado nombrado por el Presidente; tiene autonomía administrativa, técnica, operativa y presupuestal. El actual titular, José Novelo, ha logrado grandes avances en la lucha anticorrupción y el establecimiento de transparencia. El nuevo acuerdo pone en manos de la subsecretaría las funciones la Cofepris, lo que significa que ella misma se convierte en juez de sus propias acciones, lo que no abona a la transparencia. Pasa también a esa instancia todo el sistema de información en salud.

El resto de las direcciones generales de la ex Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud se adscriben al titular de la Unidad de Análisis Económico. Es dudosa su competencia en temas como educación y calidad en salud y en la formulación de las guías de práctica médica. No se dice en la exposición de motivos si la nueva estructura está aprobada por la Función Pública, que tiene esta facultad. Si se hizo para ahorrar recursos, es bastante inútil, ya que sólo se reduce el salario de la ex subsecretaria, pero se autoriza una nueva dirección general. Lo más grave es que con estos dos documentos de dudosa legalidad no se avanza hacia un sistema único, público, universal y gratuito de salud. Al contrario, se segmenta más y no hay garantía de que los derechos sean los mismos de todos los mexicanos.