Personal temporal (sin contrato fijos), falta de coordinación con las fiscalías, carencia de planes especializados de búsqueda y poco presupuesto de los estados son algunas de las circunstancias que enfrentan las comisiones locales de búsqueda, instancias fundamentales para empujar las investigaciones que esclarezcan el paradero de 75 mil 147 personas en el país, según el registro de ayer.

Subsisten debilidades institucionales que deben ser solventadas, señaló el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, al advertir que las restricciones presupuestales por la pandemia no deberían afectar más la atención a esta crisis de desaparecidos.

Durante la presentación de una investigación del consejo (el cual se puede consultar en la página consejonacionalbusqueda.org), Sol Salgado, titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de México, se mostró a favor de que se califiquen los resultados de dichas instancias, pero también que les den recursos.

“Realmente sorprende cómo están operando los compañeros (otros titulares de comisiones locales) con uno, dos, tres (integrantes), por lo que la creación de estas instancias en algunas entidades federativas se ha convertido en una simulación, cuando dicen ‘ya tengo designado un titular, decreto’, pero no está funcionando”, dijo.

Si bien la investigación del Consejo Ciudadano, que no pretende calificar la eficiencia de las comisiones, sino dar un panorama general de las mismas a partir de datos de 2019, subraya que muchos de los rezagos siguen sin atenderse, al grado que son pocas las que tienen hoy día sus propios consejos, aunque lo fundamental es que no avance cada una por su lado, sino que se vea un compromiso general del Estado mexicano, subrayó Grace Fernández, presidenta del consejo.

En su reporte de comisiones mencionó la falta de una relación coordinada y productiva con las fiscalías en sus entidades, de las cuales depende la autorización judicial para la búsqueda.

Otro de los puntos de mayor preocupación es que las comisiones estatales mantienen una importante dependencia financiera con los recursos federales.

Además, casi ninguna comisión tiene plan de trabajo, tampoco hacen análisis de contexto –del lugar y circunstancias de la desaparición– ni tienen planes de búsqueda.

En cuanto a la contratación precaria y temporal del personal, los consejeros destacan que ello redunda en la rotación de investigadores, deficiencia ya de por sí común en las fiscalías.

El Consejo Ciudadano añadió que todas las comisiones tienen leyes locales, aunque al momento de definir el presupuesto o los planes para la búsqueda no suelen consultar a los familiares.

Igualmente, las comisiones trabajan con una enorme disparidad en los recursos financieros, porque si bien cada entidad federativa tiene su propia problemática, sería conveniente que todas asignen un presupuesto suficiente a sus comisiones y a otras instituciones como las fiscalías especializadas.

El consejo está integrado por académicos de amplia experiencia y también por familiares de víctimas.