a Ley General de Educación Superior (LGES) que está a punto de aprobarse contiene una profunda aberración: colocará a los jóvenes aspirantes a ingresar a los estudios superiores –varios cientos de miles cada año– en un escenario peor al que existió durante las tres décadas de neoliberalismo. Y es así porque esta iniciativa no busca remover o mitigar los requisitos que para contenerlos se establecieron cuando por no ser parte de un derecho oponible al Estado, este nivel educativo no se consideraba parte de la garantía de recibir educación. Era (y con esta ley, seguirá siendo) un territorio libre donde las autoridades institucionales –sobre todo las universitarias– establecieron a voluntad, sin cortapisa alguna, una enorme estructura de requisitos: exámenes de selección, pagos por diversos conceptos, exigencia de un promedio superior al oficial y topes a la permanencia contra quienes más problemas tienen para continuar en la educación. Además, asintieron a la creación de un organismo privado y centralizado de evaluación a escala nacional (Ceneval) que ha enriquecido a sus funcionarios con los pagos que hacen las familias pobres (y son la mayoría de los demandantes), que utiliza exámenes patito sesgados y defectuosos, y armaron una estructura de filtros sucesivos desde el ingreso al bachillerato (examen Comipems-Ceneval) y hasta el egreso (examen general de egreso de la licenciatura, EGEL). Incluso se intentó –con las universidades tecnológicas y similares– crear alternativas que fracasaron porque claramente planteaban el esquema de educación de primera y de segunda inaceptable para muchas familias. Este complejo dispositivo neoliberal, destinado a controlar y canalizar a los jóvenes, mostró ser sumamente cruel sobre todo contra las adolescentes. Varias veces fue denunciado ante la CNDH de entonces, pero ésta jamás quiso intervenir. Las tensiones provocadas entre los jóvenes por las condiciones extremas se enfocaron en la UNAM, donde un proyecto institucional de más y más duros requisitos provocó el histórico movimiento: decenas de miles de jóvenes que tenían todo que perder pararon la UNAM durante nueve meses. Muchos de ellos –mil– fueron encarcelados, otros más perseguidos, junto con académicos que los apoyaban. Pero el problema de fondo no se resolvió y, más tarde, los suicidios de varias adolescentes dieron idea de la intensidad de la desesperanza.

Y ahora, la LGES envía el mensaje de que en este territorio devastado tanto por la peste (ahora elegantemente llamada Covid-19) como, pronto, por los requisitos, no habrá transformación, ni siquiera algún pequeño cambio. Al contrario, enfrentados a los requisitos excluyentes los jóvenes verán, como en los mejores momentos neoliberales, que la legalidad no los defenderá a ellos, sino a los obstáculos a su justa aspiración. Léase la iniciativa de LGES, Art. 4: ... el Estado instrumentará políticas para garantizar el acceso a la educación superior a toda persona que acredite, con el certificado de bachillerato o equivalente, la terminación de los estudios correspondientes al tipo medio superior y que cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior. (Sub. nuestro). Es una sola frase que garantiza a quienes ayer crearon toda esa estructura de requisitos, que no deben preocuparse. Bajo el amparo de esta nueva ley, todos esos dispositivos pueden permanecer dado que son intocables requisitos de las instituciones, y como tales, el Estado nada podrá hacer si la persona no cumple con alguno de ellos. Estamos frente a una inaudita cesión de una función del Estado (garantizar la educación) a lo que decidan establecer las autoridades de las instituciones públicas y también las de las privadas (!) Y así, 1. El Estado, que debería ser el garante de los derechos humanos (artículo 1 de la Constitución) queda supeditado a lo que determine como requisito una institución pública o privada (y discrecionalmente, su rector). 2. No se establece acotamiento o criterio alguno que deba cumplirse para mantener o determinar nuevos requisitos, que pueden ser de mejor promedio, de salud y no discapacidad física, o incluso de ideología, política, económicos y hasta religiosos, pues todo esto aplica también a las privadas. Hay un nuevo pacto organizado por la SEP que beneficia a las burocracias institucionales, a los empresarios de la educación privada y al Estado lo libera de parte de la responsabilidad de garantizar la educación. Un paquete ideal, de gane-gane. Pero la voracidad genera una increíble falta de visión política: nada ofrece a los jóvenes, al contrario, precariza más su situación: todo este dispositivo de control y contención que nunca tuvo un claro sustento legal, ahora lo tendrá. En 2012 el Congreso respaldó la calidad (y, el desastre), hoy, en 2020, el derecho a la educación. Y distinta, pero habrá respuesta.

* UAM-Xochimilco