Lima., La crisis política en Perú cumplió ayer una semana con el rechazo del Tribunal Constitucional a un pedido del presidente Martín Vizcarra para detener un proceso de destitución en el Congreso que emprendió en su contra la oposición.

Con esta decisión, el Congreso unicamaral de 130 legisladores se reunirá hoy para deliberar si el mandatario es destituido por una causal prevista en la Constitución llamada incapacidad moral permanente, para lo cual deben obtenerse 87 votos.

El Tribunal Constitucional informó en un comunicado que por cinco votos a favor y dos en contra se decidió no detener el proceso. La presidenta, Marianella Ledesma, declaró al diario Perú21 que la mayoría de los jueces consideraron que no existe un riesgo de que Vizcarra sea destituido.

El tribunal, sin embargo, sí aceptó la demanda de Vizcarra para que los magistrados clarifiquen qué significa incapacidad moral, que es el argumento que la oposición legislativa ha utilizado para abrir el proceso de destitución.

Esta es la segunda vez que Vizcarra tiene un fuerte enfrentamiento con el Legislativo desde que empezó su gobierno hace dos años. En septiembre de 2019 el mandatario disolvió el Congreso de aquel momento y aunque ahora hay una bancada nueva, los roces continúan.

Vizcarra asumió el poder en marzo de 2018 luego de la renuncia del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente.

El proceso de destitución se admitió la semana pasada luego de que un legislador difundió varios audios, en uno de los cuales se escucha a Vizcarra coordinar con dos secretarias de su despacho las respuestas para responder en una investigación acerca de unas visitas al palacio presidencial de un cantante y amigo suyo llamado Richard Cisneros, quien fue contratado para dar charlas motivacionales y otras actividades por las cuales cobró 49 mil 500 dólares.

Nadie ha dicho al momento cuáles son los delitos que habría cometido Vizcarra para ser destituido. El presidente ha pedido que lo investiguen, incluso luego de finalizar su mandato.

El Legislativo tiene un índice de desaprobación de 72 por ciento. En contraste, el mandatario tiene 57 por ciento de aprobación.