na de las herencias más nefastas del régimen neoliberal (y miren que las hay en abundancia) en el plano económico-financiero es la voluminosa deuda del sector público federal, la cual, tan sólo en los tres sexenios pasados (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña), se multiplicó por cinco, con el agravante de que esos dineros no se utilizaron para estimular el crecimiento del país ni mejorar el bienestar de los mexicanos, sino al pago de los intereses del propio débito y a sacarle las castañas del fuego a los corporativos privados de siempre, en un circuito interminable.

Tal práctica le ha costado muchos billones de pesos a los mexicanos y, como parte de la herencia neoliberal, los seguirá sangrando. Sólo para dar una idea, en 2020 el costo financiero de la deuda del sector público federal equivale a 21 por ciento de los ingresos tributarios del gobierno, y para 2021 se estima que dicha proporción sea de 20.5 por ciento, lo que en dinero contante y sonante suma cerca de un billón y medio de pesos en ese bienio, lo que se traduce en menores recursos para programas sociales e inversión en infraestructura, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

Esa dependencia gubernamental advierte que cada punto adicional de la deuda con respecto al producto interno bruto se traduce en 11 mil 600 millones de pesos más al saldo heredado, de tal suerte que, si bien la caída económica y el brutal golpe de la pandemia no ha llevado al gobierno a incrementar el saldo del débito (como los grandes corporativos exigen, para su rescate, desde luego), la depreciación del tipo de cambio ha hecho su trabajo: llegó a 25 pesos por dólar, aunque ahora se mantiene en niveles cercanos a 21.

Un caso escalofriante es el del rescate bancario (Fobaproa legalizado por panistas y priístas y disfrazado de IPAB), que desde su aplicación en 1995, por cortesía de Ernesto Zedillo, a los mexicanos les ha costado multimillonarias cantidades y, a pesar de ello, el saldo de la deuda (todo el débito es en pesos) no deja de crecer. Por ejemplo, en diciembre de 2000, cuando el esquizoide de Vicente Fox se aposentó en Los Pinos, el saldo de dicho rescate era ligeramente mayor a 648 mil millones de pesos; al concluir la administración peñanietista se acercó a 948 mil millones, es decir, 46 por ciento de incremento, o si se prefiere: 300 mil millones adicionales a costillas de los mexicanos, con todo y que año tras año el Presupuesto de Egresos de la Federación incluye una partida específica para el pago de tal herencia.

Lo mismo sucede con la deuda del Fideicomiso de apoyo al rescate de autopistas concesionadas (Farac): en diciembre de 2000 el saldo de esta deuda (también cortesía de Ernesto Zedillo) ascendió a poco más de 102 mil millones de pesos y al cierre del gobierno de Peña Nieto llegó a 256 mil millones, un aumento de 151 por ciento en el periodo, sin que en ninguno de los años transcurridos se dejara de destinar recursos públicos para tal fin. Lo peor del caso es que la mayoría de las carreteras rescatadas regresaron, sin más, a manos de los rescatados.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la nueva administración mantendrá el manejo prudente de los pasivos y del endeudamiento públicos, lo que se refleja en una reducción en el costo financiero (enero-julio de 2020) de 2.9 por ciento en términos reales, respecto al año pasado, y menor en 7.9 por ciento a lo programado; 74.9 por ciento de la deuda del gobierno federal está denominada en pesos. La proporción restante es la que se ha visto afectada por estar denominada en moneda extranjera, pero con todo no se ha incurrido en endeudamiento adicional al autorizado por el Congreso de la Unión.

Las rebanadas del pastel

Tiene razón el presidente López Obrador: los sembradores de odio se quejan amargamente, gritan y patalean, cuando la mayoría de ese grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se siente ofendida cuando debería ofrecer disculpas, porque se quedó callada cuando se saqueó al país. Así es: mudo, alineado y siempre con la mano estirada.

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