na filtración reciente de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos sobre el uso de los servicios bancarios para lavar dinero procedente de organizaciones criminales sirvió de base para que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) elaborara y diera a conocer un fundamentado trabajo acerca del tema.

El examen y síntesis de más de 2 mil 100 documentos provenientes de la unidad antilavado estadunidense (FinCEN) da una idea no sólo de los volúmenes de capital que circulan en ese brumoso universo financiero, sino también de la permisividad que las grandes instituciones bancarias muestran al respecto, más o menos amparadas en la ambigüedad de una legislación que sobre el particular contiene suficientes lagunas como para que en ellas naveguen a sus anchas estafadores y delincuentes de diversa ralea y procedencia.

El llamado lavado de dinero no es otra cosa que la puesta en circulación legal de utilidades financieras resultado de actividades ilegales, y por lo mismo, al margen de los sistemas de control fiscal y hacendario.

La transformación de las ganancias monetarias ilícitas en fondos producidos por una fuente en apariencia legal permite a las personas u organizaciones criminales comprometidas en el proceso disponer de dinero limpio (de ahí la expresión lavado de dinero) para operar como cualquier usuario o empresa en regla con las autoridades.

El propósito último del lavado en cualquiera de sus diferentes variantes es, por supuesto, ocultar la procedencia ilegal de los fondos.

El estudio denominado FinCEN Files identifica a cinco grandes entidades financieras que, aunque no son las únicas, han permitido operaciones millonarias que en el mejor de los casos pueden calificarse de sospechosas y en el peor de ilícitas.

Las organizaciones son JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Nellon, muy conocidas por cierto, con excepción, quizá, de la última, por todos en el mundo de los negocios y de la simple información. De acuerdo con el reporte comentado, esas y otras instituciones conocieron –y aprobaron– transacciones con fondos ilegales por la nada desdeñable suma de 2 billones de dólares; y en todas ellas obtuvieron las comisiones que por lo regular cobran por su gestión administrativa. Así resulta menos sorprendente la elevada tasa de utilidades que al año logran algunas grandes corporaciones bancarias, aun cuando la actual pandemia haya aminorado el crecimiento de aquélla.

El amplio rango de acción de los bancos citados en FinCEN Files explica que las transacciones ilícitas tuvieran como destino países de distintos puntos del globo. En el caso concreto de México –señala el documento del ICIJ– fueron detectadas 57 operaciones sospechosas efectuadas hacia o desde bancos que tienen sucursales en nuestro país.

La mayor filtración de datos financieros registrada en la historia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no permite, además, alegar inocencia o desconocimiento: en algunos casos, las instituciones bancarias siguieron gestionando con alegría los fondos ilegales, aun después de que las autoridades estadunidenses de control financiero les advirtieran que si seguían en ese plan iban a terminar en una corte penal.