éxico, el país epítome del desequilibrio regional y la desigualdad social que observó el explorador Alexander Humboldt a principios del siglo XIX, no ha cambiado sustancialmente. Más propiamente, mejoró sus indicadores globales, pero las asimetrías, lejos de diluirse, se profundizaron. La apuesta no puede ser ahora agudizar esas diferencias en los ritmos del desarrollo.

Para nadie es un secreto que los mayores flujos de inversión pública de origen federal se canalizaron por décadas a los estados del norte, el centro y el bajío, mucho más que en el sur y el sureste de México. Me refiero a infraestructura carretera, de telecomunicaciones, energética, hidráulica, agrícola, turística y de servicios.

La cercanía o la vinculación estratégica con la mayor economía del mundo, Estados Unidos, alimentó el círculo virtuoso de la generación de oportunidades y riqueza en esas entidades, es decir mayor actividad económica, industrialización, agroindustria y en general incorporación de mayor valor agregado a sus bienes y servicios, en gran medida volcados a la exportación. El detonador fue, en todos los casos, la inversión pública.

Qué bien que se hayan canalizado recursos públicos a esas regiones del país, a partir de planes de desarrollo, planes sectoriales, políticas públicas y decisiones concretas que estimularon la propia inversión privada y social. Nadie podría objetar lo que generó cambios positivos que demandaban esas economías locales. Sólo hizo falta hacer más equilibrado el esfuerzo de modificación del rostro nacional.

Es natural que ahí, en donde hubo mayor inversión federal, hoy haya mayor recaudación que después se concentra y se distribuye, conforme a un pacto fiscal diseñado con fórmulas no discrecionales, que incluyen el PIB, la población y el rezago, entre otros factores. Respecto del primer factor, a mayor producto estatal bruto, mayor volumen de impuestos, servicios, contribuciones y todas las modalidades de contribución fiscal recaudados en esas entidades.

La exigencia de algunos actores de revisar la distribución de los recursos porque el monto y porcentaje que reciben son menores a lo que la Federación recauda en su territorio, un producto de la propia inversión federal histórica, es muy controvertida. Afirmar que la distribución de recursos no es justa porque el dinero de la bolsa común no se reparte de forma proporcional a la riqueza generada en cada estado, es abonar a un país de mayores desequilibrios e inequidades.

El ingreso nacional se distribuye conforme a un sistema de coordinación entre el gobierno federal y las entidades para distribuir más equitativamente los ingresos que se recaudan, según fórmulas convenidas en los ramos del presupuesto y programas de desarrollo social.

La distribución se da en dos vertientes fundamentalmente: participaciones, ramo 28, y aportaciones, ramo 33. Los primeros recursos son administrados y priorizados por los gobiernos estatales y municipales; los segundos están dirigidos específicamente para algunos rubros esenciales de política pública.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que este año se canalizarán más de 2 billones de pesos a las 32 entidades federativas, de los cuales 1.7 billones son transferidos por el gobierno federal a través de aportaciones (759 mil 760 mdp), destinadas a fortalecer a las entidades en rubros como salud, educación, seguridad y otros cinco fondos, que son recursos etiquetados, y participaciones (948 mil 747 mdp), las cuales buscan incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de cada entidad.

La participación activa de la Conago, un instrumento creado originalmente por los gobernadores del PRI y del PRD en 2002 al que después se sumaron todos, iniciativa que tuve la oportunidad de impulsar con Ricardo Monreal y otros gobernadores, se tradujo en la determinación de que, en la búsqueda del equilibrio regional, gradualmente se modificaran las fórmulas de repartición de los ingresos federales, para que año con año tuviera más peso específico el factor de las necesidades de la población de cada estado frente al del nivel de recaudación.

Otorgar ahora más peso al monto y porcentaje de la recaudación de cada entidad en detrimento del factor rezago social en la fórmula general de distribución del pacto fiscal, fórmula definida en la Ley de Coordinación Fiscal, sería una medida regresiva, contraria a la esencia del federalismo y al propio espíritu con que nació la Conago.

Por supuesto que es válido reflexionar sobre métodos y procedimientos para incrementar la bolsa de recaudación nacional y la participación de cada entidad en ese fondo común, pues las exigencias de gobernabilidad y desarrollo social son múltiples y crecientes. Pero el camino no puede ser perder lo ganado en términos de precario equilibrio regional y equidad social. Sin afectar la marcha de quienes han avanzado en la ruta de la modernización y el desarrollo, para revertir los desequilibrios regionales la fórmula tiene que ser impulsar en el sur-sureste macroproyectos de desarrollo ancestralmente postergados como el del corredor transísmico, y dar más a quien más lo necesita.

*Presidente de la Fundación Colosio