La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados citó a una reunión mañana martes para aprobar la reforma que traslada la administración portuaria a la Secretaría de Marina (Semar), en un proyecto donde se prevé que todos los recursos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, incluidas las Administraciones Portuarias Integrales, le serán entregados, e incluso actividades como el dragado, la educación náutica civil, definición de tarifa y organización del comercio marítimo.

Ante el avance del proceso legislativo –el dictamen se aprobaría en el pleno el miércoles–, colegios, asociaciones y sindicatos de marinos mercantes alertaron que la reforma propuesta por la bancada de Morena haría de la Semar la única autoridad marítima y le entregaría actividades netamente comerciales y de transporte, que están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En los artículos transitorios del proyecto de dictamen se prevé que el traslado de recursos incluye el Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria y todos los fideicomisos y entidades del sector relacionados con la reforma.

La transferencia del manejo de la marina mercante incluye reformas a la Ley de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Marina maneje los puertos centralizados y coordine los de la administración paraestatal.

También se prevé darle la atribución de otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios.

Esta disposición, señala la comisión en el documento, resulta congruente con el objetivo general de la iniciativa, en lo correspondiente a determinar con claridad la autoridad marítima nacional.

Además, se contempla que la Marina pueda contar con facultades normativas respecto del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua y las tarifas para el cobro de los mismos.

Incluso propone que otorgue concesiones y permisos, fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con las comunicaciones y transportes por agua, con participación de la Secretaría de Hacienda.

En un comunicado, marinos mercantes consideraron que el proyecto implica un claro retroceso en el desarrollo y el fortalecimiento de la marina mercante mexicana, que cuenta con toda la especialización relativa al comercio marítimo. La iniciativa está lejos de volverse una medida para combatir la corrupción, ya que no hay evidencia de que las fuerzas armadas la reduzcan; al contrario, éstas no son la excepción en este tipo de prácticas.