Con la presentación de 10 de 16 testigos concluyó ayer la primera de ocho audiencias de individualización de pena a Mónica García Villegas, directora del colegio Rébsamen, en las que se fijará la sentencia y el monto de reparación integral del daño por la muerte de 19 niños y siete adultos durante el sismo de septiembre de 2017.

El mal estado de salud emocional de la mujer de 55 años provocó que se difiriera para hoy, con la solicitud de contar con un sicólogo victimal, como tienen las víctimas indirectas, pues el escucharlas le generó ansiedad y angustia, explicó su abogado Rosendo Gómez.

Comentó que fue un intercambio emocional muy fuerte porque con muchos de los padres de familia que declararon en esta primera audiencia convivió muchos años, pues el plantel tenía 33 años de funcionamiento.

Tras dos horas y media se decidió suspender y ampliar de cinco a ocho las audiencias, por lo que continuarán hasta el miércoles 30, a fin de desahogar 84 órganos de prueba de 38 peritos y 46 víctimas, aunque este lunes los asesores jurídicos se desistieron de seis.

Confió en que se puedan ir desistiendo de más en el camino y contar con un veredicto antes de ese plazo, a fin de conocer la pena, que no será inusitada de 57 o más años, como solicitó la Fiscalía General de Justicia, porque sería ilegal.

Una pena de 20 años, por ejemplo, sería una sanción máxima, pero se le podría imponer una de dos años, porque se le imputa un delito no grave, como es el homicidio culposo, aunque se le dictó una medida de prisión preventiva porque estuvo sustraída de la justicia.

Hasta el momento, precisó, no hay ninguna definición, pero pelearemos que sea la más baja, dos años, y esperamos se cuente con la propuesta de reparación del daño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El monto se cubriría por quienes cometieron el delito y grado de participación, entre ellos los tres directores responsables de obra, de los cuales dos están detenidos y uno es buscado, pero la maestra pagaría lo menos.

Calificó de lamentable que después de casi un año la Contraloría General reabra la investigación contra ex servidores públicos de la delegación Tlalpan y de la administración central involucrados en el caso, pues ha buscado que la maestra cargue con la culpa de lo que ocurrió, cuando hay varios ex funcionarios involucrados.

Por ello, vamos a apelar de la pena en años y el monto que se fije, porque ella es inocente, reiteró.