Un juez federal admitió a trámite un amparo interpuesto por la organización civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por el incumplimiento de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de la desaparición de un infante de Marina.

En un comunicado, Idheas recordó que el 29 de octubre de 2010 el marino Paolo César Antonio Cano Montero fue desaparecido cuando se encontraba acuartelado en la base de la Secretaría de Marina ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al documentar el caso, la CNDH emitió la recomendación 37/2018, en la cual se señala como autoridades responsables a la Fiscalía General de la República y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por la violación al acceso a la justicia y por incurrir en dilaciones e irregularidades en la integración de las investigaciones de la desaparición.

Aunque en la recomendación se ordena a las autoridades responsables que brinden a los familiares una reparación integral del daño en coordinación con la CEAV, este último organismo “no ha realizado las acciones para dar inicio al proceso y ha ignorado diversas solicitudes presentadas por Idheas en su condición de representante de las víctimas.

Ante la negligencia y conducta omisiva por parte de CEAV, señaló el colectivo, un juzgado federal admitió a trámite el pasado 17 de septiembre la demanda de amparo que se presentó en contra de dicha institución por el incumplimiento de la recomendación de la CNDH y en particular de la Ley General de Víctimas.

María Esther Montero Arteaga, madre de Paolo Cano, expresó que para ella y su familia la admisión de este amparo simboliza un primer paso para acceder a una reparación integral del daño.

Espero que la sentencia que se emita nos permita acceder a los recursos que como víctimas tenemos derecho y cerrar este proceso que ha causado mucho impacto en nuestra vida.