Miércoles 23 de septiembre de 2020, p. 11
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentó en la sesión de ayer una iniciativa para eliminar las administradoras de fondos para el retiro (Afore) y convertir a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en un instituto nacional de pensiones que administre, sin cobrar comisiones, el dinero de los trabajadores.
El proyecto –que se turnó a comisiones– plantea que las pensiones para el retiro se financien por medio de un fondo de aportaciones entre trabajadores, patrones y el Estado. También, que se registre una cuenta individual por trabajador y que las aportaciones se incrementen a 15 por ciento del salario base de cotización: 6 por ciento de los derechohabientes, 6 por ciento del patrón y 3 por ciento del Estado.
La propuesta considera que la administración se haga por conducto de fondos financieros controlados por el Estado, mediante un organismo público descentralizado y los recursos invertidos en actividades que propicien el crecimiento económico nacional y minimicen los riesgos financieros.
Tras conocer la iniciativa, el coordinador de Morena, Mario Delgado, dijo que si bien el sistema de pensiones es insuficiente en México y no garantiza una pensión digna, sino adultos mayores desamparados
, el proyecto del PT implicaría nacionalizar las Afore, lo que trasladaría el costo de las pensiones al sector público, lo cual generaría una presión muy importante sobre las finanzas públicas
.
En ese sentido consideró preferible optar por la iniciativa que en julio anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador con el apoyo de los empresarios y las centrales obreras.
Delgado consideró que una manera de corregir los mermados ingresos de los pensionados es incrementar la contribución, como se prevé que se plantee en la iniciativa oficial, y el aumento al salario.
Por otra parte, la Junta de Coordinación Política comenzó a revisar un calendario previo de comparecencias de los secretarios del gabinete presidencial, que iniciará con la de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante el pleno, el martes 29.