El pleno del Senado de la República turnó a comisiones la solicitud de los legisladores de oposición para llevar a cabo una consulta popular en la que se pregunte a los ciudadanos si están de acuerdo en que se establezca el ingreso básico popular para todas aquellas personas que perdieron su empleo debido a la pandemia de Covid-19.

Es una propuesta en la que han insistido desde hace varias semanas legisladores de PAN, PRI, PRD y que tratan de impulsar ahora por la vía de la consulta popular, aunque no tienen la mayoría necesaria para que se apruebe en el pleno del Senado y tampoco en la Comisión de Gobernación, a la que fue turnada ayer la petición.

Al respecto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, respondió a los opositores que se debe actuar con responsabilidad, pues instaurar ese ingreso básico para desempleados cuesta 400 mil millones de pesos, que sólo pueden obtenerse a través de impuestos o de deuda externa.

Ese es el tema de fondo, no simple y sencillamente aprobarlo nomás así, hay que actuar con prudencia.

Cuestionado en torno de que dos senadores de Morena –Ricardo Ahued y Armando Guadiana firmaron, junto con los opositores, esa solicitud de consulta– Monreal respondió que las comisiones dictaminadoras, entre ellas la de Gobernación, cuya titular Mónica Fernández está en cuarentena, por posible contagio de coronavirus, van a a analizar y dictaminar la propuesta.

Asimismo, los senadores de Morena tendrán absoluta libertad para votar, recalcó el presidente de la Junta de Coordinacón Política, y recordó, asimismo, a los integrantes del bloque opositor que ningún gobierno destinó más recursos a la política social que el de Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que de acuerdo con la Ley de Consulta Popular, cuando la petición proviene de alguna de las cámaras, se debe presentar con el aval de 33 por ciento de integrantes de la misma y luego deberá ser aprobada por mayoría en comisiones y en el pleno del Senado.

Por otra parte, el pleno del Senado turnó al Instituto Nacional Electoral (INE), las dos peticiones de consulta popular, acompañadas de las firmas, para enjuiciar a los ex presidentes de la República que incurrieron en actos de corrupción, presentadas por ciudadanos antes de la medianoche del 15 demseptiembre.

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, comentó que el INE tiene 30 días naturales para verificar que las peticiones sean suscritas por al menos 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir, un millón 600 mil firmas y que éstas sean auténticas.