La Fiscalía General de Justicia (FGJ) investiga una presunta red de funcionarios públicos de diferentes dependencias y de todos los niveles que realizaban actividades de tipo político en la pasada administración, en un inmueble ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling, en la colonia Centro.

A 21 meses de que este diario denunció la existencia de un centro de espionaje, la dependencia creó un grupo especial multidisciplinario formado por agentes del Ministerio Público, policías de investigación con diferentes especialidades y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales que llevará a cabo las indagatorias.

Dicho grupo, a cargo de la Coordinación General de Investigación Estratégica, ha integrado –a la carpeta de investigación por denuncia de hechos iniciada en diciembre de 2018– la declaración de al menos 30 personas, trabajos de gabinete y de campo realizados por agentes de investigación y análisis de la Policía Cibernética.

Además, cuenta con diversos dictámenes periciales y realiza el estudio forense de diversos equipos de cómputo y archivos para ubicar información relacionada con las actividades que ahí se desarrollaban y eran ajenas a las facultades y atribuciones que por ley tenían establecido los funcionarios públicos involucrados.

Destacó que especialistas en labores de inteligencia y de la Policía Cibernética trabajan diferentes líneas de investigación para aclarar esta red de vínculos, que investigaremos a fondo y seremos implacables contra quienes hayan utilizado recursos públicos para fines distintos a los que fueron asignados y/o hayan incurrido en una colusión de funcionarios.

Un día antes de que la actual administración tomara posesión, este diario denunció la existencia de este centro de espionaje denominado Coordinación General de Políticas Administrativas de Planeación y Organización, que dependía de la Procuraduría General de Justicia, y cuya cabeza era Héctor Hugo Morales García.

Las oficinas se ubicaban en un edificio de cuatro niveles en la calle Márquez Sterling 15, donde se recuperaron algunos documentos, computadoras y aparatos telefónicos, y era rentado por la Secretaría de Gobierno, aunque había personal de ambas dependencias ahí laborando, de acuerdo con declaraciones de la fiscal Ernestina Godoy.

En la cueva, como se le conocía, se hacían copias de mensajes que se enviaban de funcionario a funcionario para someter a algunos miembros del gabinete que se portaban mal, así como grabaciones y vigilancia las 24 horas del objetivo, que podía ser un funcionario, periodista, líder de la iniciativa privada o de organizaciones no gubernamentales.

Una de las funcionarias más vigiladas era la ex secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, de acuerdo con información recabada por este diario.