on o sin cuarentena, las economías latinoamericanas –como las del resto del mundo– se han ido a pique por el brutal efecto de la pandemia. Algunos gobiernos regionales pusieron en marcha estrictos programas de aislamiento social preventivo y obligatorio, priorizando la vida; otros optaron por no mover un dedo, porque al final de cuentas, decían, se trataba de una simple gripecita, y algunos más intentaron combinar decisiones sanitarias y económicas, pero el resultado ha sido el mismo: el desplome, en medio de la creciente posibilidad de un rebrote global.

De acuerdo con su más reciente informe sobre las perspectivas económicas regionales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), divulgado ayer y del que se toman los siguientes pasajes, advierte que la crisis del Covid-19 “está llevando el crecimiento del producto interno bruto (PIB) a mínimos históricos en toda la región, aumentando así la pobreza y la desigualdad. Se han acometido intervenciones en el ámbito de las políticas para preservar las capacidades humanas, productivas y financieras. Sin embargo, las financieras e institucionales son limitadas y los problemas estructurales –como la elevada informalidad, la baja productividad y la vulnerabilidad socioeconómica– acentúan la necesidad de adoptar medidas enérgicas y eficaces”.

El impacto del coronavirus en la economía ha calado hondo y complicará las perspectivas macroeconómicas de América Latina y el Caribe en los próximos años. A partir de 2014, la región ha venido registrando el periodo de crecimiento más bajo desde 1950, con tasas inferiores al promedio de la OCDE y prácticamente sin expansión económica alguna en 2019. Estos datos indican que el potencial de crecimiento ya era escaso.

La actual crisis tiene consecuencias internas y externas. Las medidas nacionales en materia de salud están repercutiendo de manera importante en la actividad económica y, por tanto, en las condiciones sociales. Asimismo, un marcado descenso de la demanda mundial, una reducción considerable de los precios de las materias primas, la volatilidad financiera y otros efectos vinculados a un descenso de la inversión, contracción del turismo y posible descenso de las remesas configuran un escenario complejo. En términos generales, el crecimiento económico de la región descenderá más de 9 por ciento en 2020.

La contracción provocada por la pandemia tiene una enorme repercusión socioeconómica, que afecta a los más vulnerables. Casi 60 por ciento de los trabajadores de América Latina sobrevive en el mercado informal; muchos trabajan por cuenta propia, viven al día y corren el riesgo de recaer en pobreza. Antes de la crisis, cerca de 40 por ciento del total de trabajadores no estaba cubierto por ningún tipo de red de protección social (no contaba con seguro social alguno ni con ayudas de ningún programa principal de asistencia social).

Ello hace que por la crisis actual aumenten pobreza y desigualdad. La crisis será especialmente difícil para las micro y pequeñas empresas, que no tienen capacidad para amortiguar el golpe: 2.7 millones, en su mayoría microempresas, podrían cerrar, lo que supondría 8.5 millones de puestos de trabajo menos.

Y el bicho sigue aquí.

Las rebanadas del pastel

Qué casualidad: Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por cortesía de Felipe Calderón, propone declarar inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a El Borolas –a quien le debe el hueso– y demás ex inquilinos de Los Pinos de corte neoliberal, porque, dice, a la ciudadanía no le corresponde decidir. ¡Viva la democracia!… Dos de empresarios: dice Alfonso Romo que el sector privado es la única esperanza de crecimiento para México. Bien, pero si el resultado es igual al de los tiempos neoliberales (un raquítico avance del PIB de 2 por ciento como promedio anual), entonces el país se mantendrá en la lona… El chiste se cuenta solo: no promuevo que el Ejecutivo renuncie (el simpático Gustavo de Hoyos, cabeza visible de la Coparmex).

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