El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo ayer un llamado al Congreso a reformar la legislación en materia de consulta popular, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de las preguntas contenidas en estos ejercicios, antes de que el organismo a su cargo verifique la validez de las firmas de apoyo.

Con ello se ahorrarían recursos y se avanzaría en la lógica de la austeridad, señaló en una sesión de la Junta General Ejecutiva del INE, donde recordó que en 2014 se gastaron 30 millones de pesos para revisar 16 millones de respaldos a la realización de cuatro consultas populares que, al final, la Corte declaró inconstitucionales.

Luego de darse a conocer que el organismo destinará 1.8 millones de pesos para valorar los apoyos a dos consultas relacionadas con el eventual enjuiciamiento de los ex presidentes, Córdova señaló que éste es un momento pertinente para hacer un atentísimo y respetuoso llamado al Congreso de la Unión para avanzar en esta lógica de austeridad, pero que hoy lamentablemente no puede hacerse porque tenemos que invertir estos recursos en una consulta que podría ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

El consejero recordó que la legislación obliga a compulsar la validez de las rúbricas que vienen en papel contra el listado nominal, el cual está digitalizado.

Pero ello no se puede hacer de manera automática, porque antes se requiere capturar los apoyos en medios digitales, añadió al insistir en la pertinencia de que el Legislativo revise estos temas.

Durante la sesión, el titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora, expuso que al INE le corresponde alentar y proteger la participación ciudadana y una manera de hacerlo es contar si la representación ciudadana es representativa.

Previo a la determinación de la Corte, es importante saber primero si la participación es representativa. De otra manera se estaría haciendo nulatorio el esfuerzo que hicieron los ciudadanos, estimó.

En respuesta, Córdova puntualizó que el instituto siempre ha promovido, promueve y promoverá la participación ciudadana, la cual es parte de su misión constitucional y premisa básica de la democracia.

El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo informó que se invitó a los interesados en la consulta popular sobre el eventual enjuiciamiento de los ex presidentes a participar en el proceso de revisión de las firmas, el cual se realizará atendiendo protocolos de sanidad.

También hizo un llamado al Congreso a revisar los formatos de apoyo, para actualizarlos e incluir el uso de tecnologías, a través de las cuales no sólo se ahorrarían recursos humanos, de tiempo y dinero, sino que maximizaría el derecho de la ciudadanía a su participación en estos ejercicios.