a herencia envenenada que en materia de megaminería recibió el presidente López Obrador (AMLO) por parte del neoliberalismo a la mexicana, así como las contradicciones de su gobierno en la preservación de los sistemas ambientales del país, comienzan a dar sus primeros frutos podridos. El caso más reciente lo encontramos en la minera canadiense Orla Mining y su proyecto de tajo a cielo abierto Camino Rojo, el cual fue aprobado el pasado mes de agosto, en plena pandemia, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La misma trasnacional dio la noticia a sus inversionistas desde Vancouver, garantizándoles que cuenta ya con las autorizaciones necesarias para iniciar la construcción de la mina e informó, además, que la pandemia en curso no representa obstáculo al proyecto porque el gobierno de México declaró a la minería como actividad estratégica, lo que le permitirá producir sus primeras onzas de oro en 2021.

Ubicado a tan sólo tres kilómetros de la comunidad de San Tiburcio en el municipio zacatecano de Mazapil y a 50 kilómetros al sur de Peñasquito (una de las minas a cielo abierto más grandes y destructivas del planeta), el proyecto Camino Rojo desarrollará, con el aval de la Cuarta Transformación, un enclave neoporfirista (AMLO dixit) sobre una superficie de mil 828 hectáreas, de las cuales 812 serán destinadas a obras e instalaciones. Entre éstas se incluyen un tajo a cielo abierto de 33 hectáreas y 250 metros de profundidad, patios y alberca de lixiviación, depósito de cianuro, polvorín para explosivos, estación de gasolinas propia, tepetateras, apilamientos de material de baja ley, almacén para residuos peligrosos, nuevos caminos y pista privada de aterrizaje. Todo esto sobre tierras de un Sistema Ambiental Regional que alberga diversas especies de reptiles, anfibios, mamíferos y aves, muchas de ellas catalogadas en riesgo, así como decenas de especies vegetales de las cuales ocho se encuentran bajo categoría de protección, el peyote incluido.

Orla Mining ha calculado en 12 años la duración de su proyecto, nueve de ellos de vida útil de la mina, periodo durante el cual se utilizarán casi 23 mil toneladas de explosivos para destruir el territorio y formar el tajo, además de 26 mil toneladas de cianuro para lixiviar. El proyecto consumirá un total aproximado de 110 millones de litros de diesel y 3.5 millones de litros de gasolina para mover maquinaria, vehículos y generadores de electricidad. Con ello, la empresa aspira a procesar más de 44 millones de toneladas de mineral, con un consumo anual de un millón de metros cúbicos de agua que serán obtenidos del sobreexplotado acuífero profundo y de la destrucción del manto freático de la región.

De todo ello, Orla Mining calcula obtener como botín 660 mil onzas de oro y 3.5 millones de onzas de plata. A cambio ofrecerá 460 empleos directos en su etapa operativa, la mayoría para trabajadores foráneos ante la falta de personal capacitado en las comunidades rurales aledañas al proyecto: San Tiburcio (mil habitantes), El Berrendo (200) y Los Quijano (52). Los ejidatarios de estas poblaciones han arrendado sus tierras a la trasnacional, que las devolverá destruidas, contaminadas y desertificadas en menos de 15 años. Un saqueo redondo. El gerente de Camino Rojo ha llegado al absurdo de declarar que el objetivo de la empresa es dejar el lugar como estaba, incluso mejor, apreciación contraria a los datos técnicos de la Manifestación de Impacto Ambiental, donde se especifica que las consecuencias del proyecto cambiarán por completo y para mal el territorio, forma elegante de decir que se trata de su sentencia de muerte. Con este ecocidio en curso aumentarán los daños irreversibles que la megaminería de tajo a cielo abierto ha provocado sobre los frágiles sistemas ambientales del norte del estado de Zacatecas y del altiplano potosino.

Hace pocos días, AMLO reiteró que en su gobierno no se han dado ni se darán concesiones mineras y que no cancelará las existentes, e hizo de nuevo un llamado a las mineras extranjeras para aplicar en México las normas que siguen en sus países de origen para cuidar el medio ambiente. El presidente está muy mal informado, pues su gobierno ha otorgado varias concesiones mineras de las que existen pruebas irrefutables, pero también muestra ignorancia al considerar que las mineras actúan correctamente en sus países: por ejemplo, los ecocidios y arbitrariedades que las mineras canadienses han cometido en territorios indígenas de Canadá están plenamente documentados y denunciados. Además, la irresponsable postura presidencial en materia minera ha estimulado a los corporativos y a sus cómplices para avanzar en sus negocios ecocidas. La situación que se vive en Ixtacamaxtitlán o en los Chimalapas, entre muchos otros lugares del país, dan cuenta de ello.

A la par del apoyo incondicional a AMLO en su proyecto anticorrupción y en su revolución ético-política, surge también mi indignación ante fracasos ambientales tan desoladores como el representado por Orla Minig y el ecocidio de Camino Rojo, derrota nacional pero de consecuencias globales para un planeta que se dirige hacia un cambio irreversible, desconocido y nada estimulante para las especies que lo habitamos.

* Investigador de El Colegio de San Luis