Las modificaciones para el sector energético que propone el gobierno pueden iniciar con adecuaciones a las leyes secundarias para no contravenir preceptos constitucionales, pero el propósito de fortalecer a Petróleos Mexicanos(Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) requerirá modificaciones constitucionales, de acuerdo con los objetivos de la actual política energética y el marco jurídico vigente, consideraron especialistas.

El 22 de julio, en una reunión con los principales funcionarios del sector energético, el Presidente hizo explícitos 17 objetivos de política pública, que fueron refrendados en el encuentro del martes pasado con los reguladores del sector y se preguntó si estos eran realizables sin modificar el marco jurídico vigente.

Fluvio Ruiz, ex consejero independiente de Pemex, consideró que el objetivo general y las directrices concretas planteadas en el memorándum de los 17 puntos –que busca devolver al Estado su papel central en la gestión energética del país a través de sus empresas productivas– hacen necesario modificar el marco constitucional vigente.

Explicó que a raíz de la reforma energética de 2013-2014, desde la propia Constitución se prevé un régimen de competencia y libre concurrencia en la industria energética, salvo por las áreas estratégicas.

“Por lo que, al brindar un trato diferenciado y preferente a las empresas productivas del Estado –como se advierte en el memorándum– se contraviene lo dispuesto en los artículos 25 y 28 vigentes, de la Constitución”.

En este contexto, advirtó Ruiz Alarcón, es muy importante tener conciencia de que bajo ciertas condiciones, algunos de los objetivos pueden resultar contradictorios entre sí, o bien perjudicar la salud financiera de Pemex y la CFE, cuyo fortalecimiento es uno de los elementos centrales de la política energética del gobierno.

Por su parte, Arturo Carranza, experto en temas energéticos afirmó que en la segunda mitad del sexenio, si hay condiciones políticas, se estaría presentando una propuesta para modificar el marco jurídico en el sector energético.

Arturo Carranza dijo que aunque erróneamente se le ha llamado una contrarreforma, el marco jurídico en el sector energético es susceptible a muchas mejoras. No estaría mal hacer modificaciones para caminar en lo que pretende este gobierno, que es garantizar el abasto de los energéticos a precios competitivos.