Miércoles 30 de septiembre de 2020, p. 29
El Congreso de la Ciudad de México transfirió a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) la facultad que tenían las alcaldías para autorizar derribos, trasplantes o podas de árboles que sean solicitadas para nuevas construcciones y obras.
Mediante una reforma a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, obliga además a los particulares a contribuir en el cuidado entre la proporción de áreas verdes y edificaciones para uso habitacional y para ello deben entregar a la alcaldía por lo menos una especie arbórea al realizar trámites para obtener manifestaciones de construcción, alineamiento y número oficial, que serán sembrados en el espacio público de la demarcación.
La reforma, aprobada por unanimidad de los 58 legisladores conectados a la sesión virtual del pleno, incorpora también los cuerpos de agua naturales y artificiales como áreas de valor ambiental, por lo que la jefatura de Gobierno deberá emitir el decreto correspondiente para su incorporación y a la Sedema elaborar sus respectivos planes de manejo con la participación de las alcaldías.
Otra adición contenida en la reforma establece que para la restauración y reforestación de áreas de valor ambiental, naturales protegidas y comunitarias de conservación ecológica, deberá realizarse respetando la naturaleza y composición del suelo y su vegetación y con especies endémicas, criollas y nativas de la región.
Producto de siete iniciativas
La diputada sin partido Teresa Ramos Arreola, presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, explicó al presentar el dictamen al pleno que se integraron siete iniciativas de reforma promovidas por legisladores de distintos grupos parlamentarios.
En el caso de la disposición que transfiere de las alcaldías a la Sedema la facultad para resolver sobre solicitudes de autorización para podar, derribar o trasplantar árboles en nuevas edificaciones u obras, independientemente de la extensión de la construcción o su superficie, la norma dispone que la autorización que la dependencia otorgue estará condicionada al visto bueno de la alcaldía.