Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, solicitó al juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, que cite a declarar a 15 testigos para demostrar su inocencia, entre ellos al ex oficial mayor Emilio Zebadúa, y al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares.

La ex secretaria entregó al juez su respuesta a la acusación formal que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra el 26 de agosto, la cual negó total y categóricamente, pues se aparta de la verdad y pretende atribuirme la responsabilidad de hechos presuntamente constitutivos de delito en los que nunca he participado, ni son atribuibles a mi persona.

La audiencia intermedia de Rosario Robles se programó para el 26 de octubre. La FGR formulará la acusación por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hecho conocido como la estafa maestra, por la cual solicita le impongan una pena de 21 años de prisión.

En el documento de 42 cuartillas, al que tuvo acceso La Jornada, Robles Berlanga pidió al juez que incluya 38 documentos de prueba que como titular de Sedesol y Sedatu envió para corregir las fallas que la ASF detectó durante su gestión, así como acreditar que Emilio Zebadúa fue citado más de 10 veces por la propia Auditoría con el fin de que explicara sobre las observaciones realizadas.

Entre las pruebas se encuentra el acta de entrega-recepción al ex candidato presidencial del PRI José Antonio Meade, cuando éste asumió la titularidad de la Sedesol en 2015, donde se informa cómo se solventaron algunas observaciones de la ASF y las que estaban pendientes.

Robles reiteró que su caso se trata de un tema meramente de carácter político, y no jurídico, lo cual considero completamente injusto. Agregó que no se tendría que utilizar la prisión preventiva “para cobrar venganza, ni doblegar voluntades, hacerlo de esa forma se traduce en una detención arbitraria, por injustificada, excesiva y desproporcional. En palabras del propio fiscal General de la República, se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión por no ser solidaria con el Estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios.