Las pesquisas del caso Ayotzinapa han abarcado a 300 militares que durante septiembre de 2014 estuvieron comisionados al 27 Batallón de Infantería en las instalaciones de la 35 Zona Militar, sin embargo las indagatorias se han centrado en 24, entre ellos quienes presuntamente podrían haber abastecido ilegalmente de armas a integrantes del cártel Guerreros Unidos, revelaron funcionarios federales.

Las fuentes consultadas señalaron que en las indagatorias que integra la Fiscalía Especial para el Caso Iguala se tomaron en cuenta tanto las investigaciones realizadas por integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como los resultados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y en ese contexto surgieron los nombres de algunos de los militares que presuntamente incurrieron en actos ilícitos en lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Al respecto, en el informe elaborado por la CNDH sobre este tema aparecen 24 nombres de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ello se agregó en la recomendación 15VG/2018. De acuerdo con los funcionarios entrevistados, sus nombres están incluidos en las órdenes de aprehensión giradas por el Ministerio Público Federal para que respondan por su probable responsabilidad en actos como obstrucción de la justicia y otros ilícitos, con lo que habrían favorecido la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

La recomendación

Dicha recomendación, emitida el 28 de noviembre de 2018, recopila las declaraciones ministeriales y testimonios recogidos por los visitadores de la CNDH, donde se señala que personal del 27 Batallón de Infantería, situado en Iguala, supo desde un principio de las agresiones, pues dos de sus elementos estaban asignados al C-4 de esa ciudad, y observaron por las cámaras de seguridad el desarrollo de los hechos.

Tanto la CNDH como el Ministerio Público Federal consideraron que existen inconsistencias en los reportes militares, que tienen que ver con la hora en que se desarrollaron los hechos, el personal que fue asignado para confirmarlos, así como el destino de cuatro fotos tomadas con celular por un soldado de infantería, que registró el momento donde los estudiantes eran bajados de los autobuses por policías municipales. Estas imágenes se perdieron de la computadora donde estaban guardadas, debido a un fallo en su disco duro, según informaron los mandos castrenses.

Desde que fue integrada la nueva comisión para investigar el caso, mandos de la Sedena han sostenido 21 reuniones con los familiares y representantes de las víctimas, incluida una entrevista con su titular, Luis Cresencio Sandoval González, el 24 de junio pasado.

También, el 26 de julio pasado los familiares pudieron entrar a las instalaciones del 27 batallón, luego de un acuerdo ente los integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa con el general Sandoval González.