as huestes neoliberales lo dieron por hecho y celebraron antes de tiempo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional (6 a favor, 5 en contra) la consulta popular promovida por el presidente López Obrador, con el manifiesto respaldo ciudadano (2.5 millones de firmas), con el fin de enjuiciar, eventualmente, a cinco ex inquilinos de Los Pinos.

Coincidió, por decirlo así, que el proyecto respectivo recayera en uno de los ministros más reaccionarios, el calderonista Luis María Aguilar, quien en un abrir y cerrar de ojos promovió declarar anticonstitucional la citada consulta popular, porque, según dice, implicaría la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos, incidiría negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el estado de derecho, amén de que a la ciudadanía no le corresponde decidir. Bonita democracia (versión Aguilar) que impide la participación ciudadana.

De los once ministros que componen la SCJN, seis se pronunciaron a favor de la constitucionalidad de la citada propuesta; de ellos, sólo tres fueron nominados –y avalados por el Senado de la República– por el presidente López Obrador. El resto llegaron al máximo tribunal por la promoción de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De los cinco que votaron en contra, uno es de procedencia foxista, dos de El Borolas y otro tanto del novio de Tania.

Con todo y toga y ribete, a Luis María Aguilar se le apestó; fracasó en su intento de dejar impunes los delitos cometidos por los cinco ex inquilinos de Los Pinos que se incluyen en la consulta popular, mientras las huestes neoliberales sufren y se retuercen porque saben que si tal consulta termina en la acción de la justicia muchos de sus integrantes aparecerán involucrados en las investigaciones, en el entendido de que el atraco a la nación y el cochinero del régimen neoliberal fue obra no sólo de los directamente mencionados, sino de sus operadores político-empresariales y (¡sorpresa!) judiciales.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, inició la sesión con lo siguiente: esperaría que hoy la Corte no desaprovechará la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su papel en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional. Y la mayoría actuó en consecuencia.

Sin embargo, los integrantes del máximo tribunal del país decidieron (ocho votos favor, tres en contra) reformular la pregunta original en el marco de la consulta popular, para dejarla así: ¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Bien, pero la reformulación deja afuera el periodo concreto y los personajes específicos de la pregunta original, es decir, aquella que planteaba ¿está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus gestiones? De cualquier suerte, la decisión de la SCJN va al Senado de la República para sus efectos legales.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo: “si no podemos consultar a la gente, entonces ¿nos vamos a conformar con elegir cada tres, cada seis años a las autoridades? ¿Y el resto del tiempo, cuando no hay elecciones? ¿Vamos a estar callados, sólo mirando, sin poder ejercer nuestros derechos políticos, cuando se trata de asuntos trascendentes? Esto es lo que se está ventilando… vamos a esperarnos a ver qué resulta”. Y resultó.

Las rebanadas del pastel

Dos de octubre no se olvida.

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