Desde 2012, cuando se reformó la Constitución para incorporar en su artículo 35 la posibilidad de realizar consultas populares, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habían llegado cuatro propuestas de consulta popular, la cuales fueron rechazadas.

Todas estas intenciones de consulta estaban promovidas por partidos políticos y fueron desechadas porque, a juicio de la mayoría de los ministros, incidían en temas vedados para este ejercicio de democracia directa.

En octubre de 2014, la SCJN desechó en votación dividida la propuesta del PAN, para reformar los criterios con los que se establecían los salarios mínimos. En esta ocasión, el ministro ponente, José Ramón Cossío Díaz, también modificó la pregunta propuesta, por considerar que era poco sencilla y le faltaba claridad.

Días después, el pleno de ministros rechazó otras dos consultas, impulsadas por los institutos PRD y Morena, sobre la reforma energética. Se señaló que la auscultación propuesta a la opinión de la ciudadanía era relativa a las finanzas públicas, tema vedado para este ejercicio en el artículo 35 constitucional.

Otra consulta, promovida por el PRI y que buscaba bajar el número de diputados plurinominales, también fue desestimada, pues tenía que ver con asuntos del orden electoral.

La suerte de estas propuestas llevó a que el año pasado se reformara la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato, que fueron la base para la decisión que tomó el pleno de la Corte.