Ante las dificultades para procesar a quienes cometen delitos federales porque se detectan violaciones en temas de derechos humanos e inconsistencias en el Registro Nacional de Detenciones o en el Informe Policial Homologado por parte de agentes municipales y estatales, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) llamó a los gobernadores a que implementen políticas y programas de capacitación, formación continua y profesionalización del personal adscrito a las instituciones de seguridad pública y protección ciudadana.

Lo anterior, como resultado del acuerdo que se emitió en la 43 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia –realizada en línea–, el cual aprobaron por unanimidad los fiscales y procuradores del país, informó la Fiscalía General de la República.

Se informó que los principales motivos por los que se deja en libertad a los detenidos tienen que ver con temas de derechos humanos, inconsistencias en el registro de capturas o en el informe policial. Con base en cifras presentadas por el Inegi a este órgano colegiado, en 2018 se cometieron más de 33 millones de delitos en el país, se iniciaron más de 1.9 millones de carpetas de investigación y alrededor de 200 mil asuntos fueron ingresados como causas penales a los órganos jurisdiccionales.

En el Registro Nacional de Detenciones, del 23 de noviembre 2019 al 31 de julio 2020 se reportaron 70 mil 886 por hechos del orden federal; 46 por ciento las hicieron policías municipales y 32 por ciento estatales, sin embargo, al revisar las razones por las que se otorgó la libertad a los indiciados, en 81 por ciento de los casos influyó la presentación del informe policial homologado.