a iniciativa presidencial del 25/9/20 que materializa el Acuerdo para el fortalecimiento de las pensiones del 22/7/20 es más de lo mismo, pero más caro. Sólo patea el bote, constituyendo una salida de emergencia para posponer momentáneamente la explosión del sistema pensionario mexicano: Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), privatizado por Ernesto Zedillo en 1997 imponiendo el inviable sistema de capitalización individual como vía única para pagar pensiones.

Pero lo más grave, como ha documentado oportunamente el Grupo de Estudios de Políticas Públicas de Seguridad Social (Geppss) es que, como tal, la iniciativa presidencial confirma que en la 4T persiste la tendencia neoliberal para proseguir desgravando la obligación patronal con sus trabajadores –vía la seguridad social redistributiva y generacionalmente intersolidaria–, descargándola ahora –y cada vez más– en un Estado que, siguiendo esa iniciativa, pagará crecientemente esas obligaciones patronales con recursos fiscales puestos por todos para el beneficio exclusivo de unos cuantos.

La iniciativa sigue deslaboralizando la seguridad social: viejo anhelo tecnocrático (Santiago Levy) que avanza un poco más. Sólo persisten algunos seguros libres de la impronta neoliberal. ¿Se pretende, finalmente, acabar de enterrar la seguridad social como contrato obrero-patronal y derecho de los trabajadores? ¿Erguir un Seguro Social plenamente individual donde los trabajadores autofinancian sus pensiones? ¿Mientras sus recursos financian proyectos productivos cuyos retornos no los benefician? Con la iniciativa, el seguro social público sigue transitando en el carril de lo privado.

El contenido de la iniciativa –aderezada con una exposición de motivos que opera como suerte de oda al individualismo enteramente ajena a la economía moral que pregona la 4T– muestra que su articulado introduce un nuevo régimen de financiamiento profundamente perverso y lesivo para la gran mayoría de los trabajadores. Régimen que dará muy poco sólo a algunos pero con muchos más recursos fiscales, comprometiendo simultáneamente y de raíz el tripartismo que caracteriza a la seguridad social. Con la iniciativa, el financiamiento de la seguridad social mexicana prosigue la ruta neoliberal de ir quedando crecientemente en la responsabilidad fiscal del Esta-do relevando las obligaciones patronales con sus trabajadores.

Ese es el caso del artículo 168 (IV) que reinstaura –en la 4T– el Seguro Popular pensionario. Es también el caso del artículo 170 que, frente a la inequidad concederá una pensión garantizada con varios niveles, pero todos ellos en el sótano. Todo con recursos fiscales y sin mover la aguja real pensionaria. Dígase lo mismo del artículo 192 que cotiene la casi macabra alternativa de que los trabajadores puedan hacer retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias en cualquier momento conforme al procedimiento que establezca la Consar ¿Y el obligatorio? Ahí es donde está la bolsa atractiva.

Es igualmente claro que el ar-tículo 37, relativo a la comisiones, desvía intencionalmente el debate sobre el fondo y centro del asunto público: el nivel real del salario base de cotización (SBC) que es el que, por la suma acumulada de cotizaciones, determina directamente el nivel real de la pensión. No el espejismo del ahorro individual. El nivel de las comisiones, aunque muy relevante, no está en el corazón de lo que mueve efectivamente la aguja pensionaria, a pesar del promedio aritmético que introduce el mismo artículo 37. Agréguese que, por la pandemia de Covid-19, ese SBC ya enfrenta un severo sendero de deterioro en el mediano plazo.

Así que, como en Chile, y por esa iniciativa presidencial, el privatizado SAR-Zedillo –que ya cumple 23 años– y su inviable apuesta para pagar pensiones por la única vía de la capitalización individual se dirige claramente a una segura ruta de explosión durante los próximos 10 años (2030). Si antes no se le remodela a fondo. La iniciativa presidencial de la 4T sólo patea el bote. La alerta roja sigue encendida.

Por ello, el debate sobre la urgencia de dotar a Mexico de un sistema pensionario deseable continúa más que vigente, más que abierto y más que oportuno. Y, como documenta el Geppss, la etapa subsiguiente inmediata es que AMLO cumpla la oferta comunicada en la matutina del pasado 23 de julio para que en el caso del desafío pensionario del apartado B del artículo 123 constitucional –el que ampara a los trabajadores al servicio del Estado– se pueda iniciar un remodelaje pensionario deseable, profundo y de fondo que evite en este apartado B la explosión estructural hacia la que se conduce el apartado A y sus trabajadores al servicio del sector privado. Explosión sólo momentáneamente pospuesta por la iniciativa presidencial del 25/9/20.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco