El gobierno federal pretende retirar de sitios públicos el nombre de los perpetradores de la represión en el periodo 1960-1980 y revisará ocho mil cajas con expedientes integrados por la extinta policía política.

No puede ser que tengamos en Puerto Vallarta un aeropuerto (con el nombre de) Gustavo Díaz Ordaz, o el de otras personas que cometieron actos criminales contra mexicanos, señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, durante la presentación del plan Verdad y memoria histórica del pasado reciente.

Desde el Archivo General de la Nación, Encinas manifestó que hoy se da el primer paso para esclarecer los hechos de periodos oscuros del país. Hay que insistir en que el 2 de octubre no se olvida y que esta fecha no es de nostalgia ni de amargura, sino de reivindicación de ideales.

En presencia de funcionarios federales y de la Ciudad de México –encabezados por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la fiscal Ernestina Godoy– se realizó la entrega de los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad a las propias víctimas de persecución del Estado de esa época, a sus familiares o a allegados. Como sobreviviente de la guerra sucia, recibió el material Lourdes Rodríguez, encarcelada en 1971.

En tanto, Alfredo y Georgina Tecla, Judith Galarza, Natalia Toledo y Luis Fernando Granados, éste hijo del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, vigilado por su labor, también recibieron los documentos con los que se ejerció el asedio a sus familiares.

Alejandra Cartagena López subió a presídium para recibir los expedientes contra su madre Leticia Galarza, desaparecida desde 1978, y de su padre David Jiménez Sarmiento, muerto en un enfrentamiento en 1976, ambos militantes de la Liga 23 de Septiembre.

A Consuelo Solís Morales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México le entregó el expediente de su colega el profesor Genaro Vázquez Rojas, muerto en 1972, egresado de la escuela normal de Ayotzinapa y líder de luchas democráticas en Guerrero entre 1950 y 60.

El propio Encinas recibió el archivo que le construyó la Dirección Federal de Seguridad cuando militaba en el Partido Comunista Mexicano.

La mandataria capitalina destacó la importancia de abrir la memoria histórica de la ciudad y del país con el fin de conocer la verdad de lo acontecido en la segunda mitad del siglo XX, y subrayó que “la única forma de lograr la reconciliación es abrir la verdad, ofrecer perdón como Estado e iniciar una historia distinta. En este simbolismo, añadió, es cuando nos reconocemos y nos sentimos orgullosos de pertenecer a este gran movimiento que hoy representa la Cuarta Transformación, que no podría ser sin esta posibilidad de desvelar la más negra historia, con el fin de curar heridas y sanar.

En cuanto al programa Verdad y memoria, se anunció que realizarán más intervenciones en pro de los ciudadanos en lugares donde se cometieron atrocidades de abusos de poder, como el Campo Militar número 1; se ajustarán las efemérides y se incluirá en la currícula de educación básica y media el respeto a los derechos humanos.

El tamaño del reto es digitalizar más de cuatro mil cajas de la extinta Dirección Federal de Seguridad, tres mil de la dirección de investigaciones políticas, y 486 cajas del Ejército mexicano, explicó.