a semana pasada el Presidente de la República dijo que hoy debe estar resuelto el problema ocasionado por la cuota de agua que, con base en el convenio firmado en 1944, México debe enviar a Estados Unidos (EU). Eso prometió al comentar lo expresado por el embajador de ese país, Christopher Landau, quien recordó las obligaciones derivadas del dicho tratado. Enrique Berruga, destacado diplomático mexicano, señala que quienes lo negociaron merecen un homenaje de la nación. Y no exagera: es común que entre países con buenas relaciones las aguas de los afluentes internacionales se distribuyan de manera equitativa entre los estados que las comparten. Pero en el caso de los ríos Bravo y Colorado, en virtud de dicho tratado a México le corresponden tres cuartas partes de las aguas del conjunto de los dos cauces.
A su vez, Marco A. Alcázar, director general de 1984 a 1988 de Límites y Ríos Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), refiere que la medición de las aguas entregadas y recibidas se hizo siempre con gran escrúpulo y rigor técnico por la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. Tal dirección desapareció. Hoy la SRE carece de una unidad técnica con capacidad de manejar el tema de manera adecuada.
El problema que surgió en la presa La Boquilla pudo evitarse si el gobierno federal hubiera denunciado oportunamente quiénes eran los que manipulaban a los campesinos del norte de Chihuahua a fin impedir el envío del líquido. Muy tarde hizo público lo que estudiosos denuncian desde hace años: el acaparamiento y venta del vital recurso por funcionarios, empresarios y políticos, con la venia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la complicidad de los mandatarios de la mencionada entidad. Igual que los de los otros estados por los que corre el río Bravo y sus tributarios.
En Chihuahua destacan como beneficiarios muy privilegiados de las concesiones de agua los ex gobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza, así como familiares cercanos. Otros empresarios agrícolas, como la familia Urionabarrenechea, ligada al ex gobernador César Duarte, preso en EU, gracias a permisos de la Conagua, acapara casi 9 millones de metros cúbicos. O la Porras Muñiz, ligada a legisladores del PAN. A ellas se suman otras familias que cultivan el nogal. Y la cervecera Heineken, instalada hace dos años, demanda mucha agua en una región semidesértica. Su producción la envía al vecino país. En el entramado de acaparar líquido aparecen políticos de PRI, PAN y Morena. Alcaldes y ex alcaldes, como los de Delicias y Conchos; y líderes agrarios que medran a costa de miles de campesinos.
El actual mandatario estatal tiene parte de razón al culpar a la Conagua del mal manejo del vital elemento en su entidad. Por corrupta. Mas debió señalarlo desde el inicio de su sexenio, pues prometió combatir la ilegalidad heredada de su antecesor. Y respecto a la Conagua, cabe preguntar: ¿cómo a dos años de la nueva administración desconocía las irregularidades que acompañan la distribución del líquido en Chihuahua, si desde principios de año era evidente el problema del trasvase para cumplir con el tratado de 1944?
Recién le pidieron la renuncia a seis subdirectores de esa dependencia, para limpiarla
, pues, según López Obrador, estaba tomada por intereses partidistas
. Mas apenas uno, Eduardo Seldner, subdirector general de Administración, antes fue jefe de finanzas de Margarita Zavala durante su patética campaña presidencial. Seldner estuvo involucrado en el toallagate, la compra de toallas a sobreprecio para Vicente y Martita. Por ello recibió una sanción administrativa.
¿Y los otros cinco renunciados vía la mañanera? ¿Algún cargo contra ellos por mal desempeño de sus cargos? Entre los renunciados sólo uno tenía responsabilidades en el manejo de la cuenca más pequeña del río Bravo, la de Nuevo León; la liga de otros cuatro con el agua era en zonas urbanas o de pequeña irrigación. Y otro, en tareas relacionadas con derechos humanos.
Bien haría la Conagua de la 4T en informar sobre sus logros en combatir el mal uso y acaparamiento del agua en el país, que afecta a millones de campesinos pobres. Y en no menor medida, sus avances en acabar con la corrupción y la politización que, según el Presidente, allí existe.
