Imputados por su probable responsabilidad en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de contar con un juicio justo apegado a la legalidad.

Se trata de 21 policías municipales de Iguala, Guerrero, presos desde hace seis años en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en Tepic, Nayarit.

Ante el máximo tribunal del país se encuentran aún pendientes de resolución dos amparos en revisión interpuestos por familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa, además de nueve solicitudes de atracción y cuatro recursos de queja.

En el escrito, dirigido al ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, los detenidos afirman: acudimos a usted ya que debido a nuestra extrema pobreza nos encontramos en total estado de abandono.

Añaden que sus casos no han avanzado debido a la posposición de audiencias y a la falta de una defensa adecuada: ya hemos solicitado los cierres de instrucción de nuestras causas y los jueces tampoco nos lo dan, todo lo que promovemos y solicitamos nos ponen trabas, en estos años en nuestro proceso no se ha aportado mucho por parte de nuestra defensa.

En respuesta, la SCJN remitió copia del escrito al Instituto Federal de Defensoría Pública, solicitando se avoque al caso, y también al juzgado primero de distrito en materia de procesos penales federales, con sede en Tamaulipas, donde residen las causas penales 1/2018, 4/2018 y sus acumuladas 5/2018, 6/2018, 7/2018, 66/2015.

Según el expediente del caso, la Fiscalía General de Justicia de Guerrero detuvo a los 21 policías municipales luego de que se comprobó que intervinieron en el operativo donde se interceptó a los autobuses en que viajaban los normalistas.

Los uniformados fueron presentados entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2014 ante el Ministerio Público, donde se les practicó la prueba de rodizonato de sodio, la cual reveló que la mayoría había detonado un arma de fuego recientemente, aunque ellos declararon que sólo habían disparado al aire.

Ante la SCJN hay otros 15 expedientes judiciales que tienen que ver con el caso Ayotzinapa, y que están pendientes de ser resueltos por los ministros. Se trata de dos amparos en revisión promovidos por familiares de las víctimas y por integrantes del equipo de futbol Avispones, cuyo autobús fue baleado la noche de los hechos.

En ambos asuntos se pide a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que brinde indemnizaciones suficientes para cubrir los daños sufridos. Los amparos señalan que el asunto reviste un interés superlativo, pues en el caso se involucra la interpretación y aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de establecer los montos de reparación del daño a víctimas por violación grave a sus derechos humanos.