El gobierno de México debe presentar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un reclamo por los abusos y negligencias médicas contra mujeres mexicanas en el centro de detención migratoria de Irwin, Georgia, a fin de que esos organismos investiguen esos hechos.

Así lo señalaron las abogadas que acompañan a algunas de las víctimas y representantes de las organizaciones que hicieron las primeras denuncias, quienes enfatizaron que hay más casos de mexicanas sometidas a intervenciones quirúrgicas ginecológicas en ese lugar, sin que dieran su consentimiento, además de los dos casos que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha documentado.

Ayer, en videoconferencia, señalaron que ése no es el único centro donde se dan tales abusos contra migrantes y exigieron que el gobierno de Estados Unidos y las empresas que administran muchos de esos espacios rindan cuentas, además que el centro de Irwin sea cerrado.

El 14 de septiembre, organizaciones de ese país denunciaron que a varias mujeres detenidas en dicho centro –administrado por LaSalle Corrections, empresa bajo contrato del Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas– se han practicado intervenciones ginecológicas sin pleno consentimiento, e incluso algunas habrían sido víctimas de histerectomías.

Sarah Owings, defensora en temas migratorios y socia de la firma Owings MacNorlin, detalló que hay indicios que muestran un patrón en el actuar contra mujeres detenidas en ese lugar. Les dicen que tienen varios problemas como quistes en los ovarios o tumores fibrosos, y que es necesaria una cirugía, cuando en los reportes médicos no se asienta eso. Son presionadas para permitir que se les someta a las operaciones, denunció la abogada.

Kathleen Hoyos, abogada del despacho Antonini & Cohen Immigration Law y defensora de una mexicana que sufrió abusos, dijo que su representada fue operada para extirparle unos quistes, lo que no era necesario, de acuerdo con el reporte médico. Refirió que ella y otras víctimas han tenido acercamientos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –como adelantó La Jornada la semana pasada– para tramitar la queja correspondiente y que este organismo investigue las violaciones a garantías de las connacionales.

Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South, una de las primeras organizaciones que denunciaron los hechos, indicó que se ha reunido con funcionarios diplomáticos mexicanos y ha comprobado que el gobierno de México está tomando el tema muy en serio y está investigando. Esperemos que a nivel internacional las organizaciones sigan esos pasos, para que el caso se lleve ante la ONU y la CIDH, a fin de que los responsables rindan cuentas y haya consecuencias.