Ningún responsable de 39 casos de desaparición forzada presentado ante el Comité de la ONU en la materia ha sido detenido o sancionado a la fecha, afirmó Jérémy Renaux, subdirector de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, organización que ha acompañado a los familiares de las víctimas en Nayarit.

Dijo que las declaraciones de testigos y familiares apuntan a miembros de corporaciones de seguridad del estado: son agentes, integrantes de la fiscalía o policías que en su momento dependían de la fiscalía.

Refirió que la violencia comenzó desde que Édgar Veytia ocupaba la fiscalía estatal y buscó tomar el control del narco en la entidad, en colaboración con la rama del cártel de los Beltrán Leyva, que comandaba Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2. Cuando éste fue abatido por elementos de la Marina, en febrero de 2017, Veytia se alió con el cártel Jalisco Nueva Generación hasta que fue detenido en San Diego, California, y sentenciado por la justicia estadunidense a 20 años de prisión, por cargos de narcotráfico.

El subdirector de Idheas señaló, sin embargo, que la estructura criminal incrustada en la fiscalía nayarita no terminó con la captura de su ex titular, pues sus subalternos siguieron con sus actividades delictivas: extorsiones, despojo de propiedades, de inmuebles, desapariciones forzadas, pero hasta ahora sólo Veytia ha sido sentenciado, y en EU, pero en México no hay ningún tipo de justicia para las víctimas.

Sobre los arrestos anunciados por la fiscalía estatal y la Guardia Nacional, que, se informó, respondían a los casos señalados por la ONU, Renaux sostuvo que no están ligadas con los que ellos denuncian. Explicó que en agosto se hizo el requirimiento del comité de la ONU, y el plazo para que los gobiernos de México y de Nayarit respondieran se agotó el 7 de septiembre, por lo que de seguro se pidió prórroga.