La secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos Estrada, admitió que desde 2016 existe un notorio rezago de 129 procesos de cumplimiento de medidas de compensación y mitigación de grandes desarrollos inmobiliarios.

Al comparecer ante diputados locales, la funcionaria afirmó que no existen mecanismos que obliguen o apremien la aplicación de estas medidas, por lo que se trabaja en una propuesta legislativa para facilitar su cumplimiento.

Las medidas de integración urbana fueron establecidas en los trámites de Dictamen de Impacto Urbano y constituyen condiciones o pagos que deben realizar las personas físicas o morales que construyan, amplíen o modifiquen una obra.

El objetivo es compensar o mitigar su impacto en la vialidad, paisaje urbano o infraestructura local para impedir que se perjudique a las personas residentes.

Ante la Comisión de Planeación, que preside el panista Federico Döring, Villalobos Estrada destacó que se ha aplicado un estricto orden en la materia, incluso durante la pandemia. No obstante, fue criticada debido a que sólo se han identificado cinco casos de corrupción inmobiliaria, por lo que fue exhortada a meter a la cárcel a quienes cometieron delitos y robaron dinero por obras irregulares.

La ley la obliga a usted a denunciar, y no hacerlo implica corrupción que, usted dijo, se debía castigar, recordaron.

En respuesta, la funcionaria aseguró que desde el inicio de la presente administración se han analizado todos los trámites emitidos, lo cual ha derivado en denuncias por abusos de autoridad, firma de documentos por autoridad no competente y abuso en cuanto a la normatividad aplicable.

Hemos aportado todas las evidencias y análisis de toda la información para concretar las denuncias que se han presentado contra servidores públicos; la propia Seduvi ha presentado los juicios de lesividad de casos que fueron mal emitidos y se han interpuesto denuncias al órgano interno de control.

En su informe, Villalobos señaló que el actual gobierno suma 595 solicitudes de instrumentos para el desarrollo urbano, de los cuales se han autorizado 61, en contraste con los aprobados entre 2017 y 2018, cuando se recibieron 974 solicitudes y se autorizaron 482, lo que representa 700 por ciento más que en la presente administración.

Debido a que las autoridades actuales no han sido laxas con la emisión de trámites, reportó que en los 22 meses de gestión se han autorizado 25 solicitudes de polígonos de actuación y se han negado 103, frente a las 179 autorizadas y 11 rechazadas entre 2017 y 2018.