La sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Édgar Torres Garrido, ex director de Pemex Fertilizantes, a quien inhabilitó por 15 años e impuso una multa de 619 millones de pesos debido a las irregularidades sucedidas en el proceso de compra de una planta de fertilizantes que pertenecía a la empresa Grupo Fertinal.

Por mayoría de 10 votos, los magistrados calificaron de legal la sanción, ya que el ex servidor público incurrió en ejercicio indebido del cargo, lo que generó un quebranto al patrimonio de Pemex Fertilizantes pues firmó un contrato para la adquisición de Fertinal que, adicionalmente, incluyó un crédito para solventar deudas de la empresa.

Torres Garrido llegó a la empresa del Estado en enero de 2013, invitado por el entonces director, Emilio Lozoya Austin –vinculado a proceso en julio por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita–, quien en agosto de 2015 lo designó director de Pemex Fertilizantes.

En sesión de ayer del TFJA, la magistrada Nora Urby Genel señaló que Torres Garrido fue omiso al no haber descontado del precio de compra de Fertinal los 619 millones de pesos del pago de dividendos.

Es un hecho manifiesto que el hoy actor no sólo no informó al consejo de administración sobre el pago de los dividendos, sino que decidió negociar con los vendedores de grupo Fertinal para distribuir los dividendos con recursos provenientes de una línea de crédito existente con la arrendadora internacional Azteca, soslayando, además, la determinación que ya había tomado la asamblea general de accionistas de grupo Fertinal en cuanto a que el pago de dividendos se realizaría con recursos propios de la empresa, de ahí que dicho financiado debía descontarse de forma directa del precio inicial de compra y no indirectamente a través del financiamiento para el pago del pasivo.

Urby Genel argumentó que con su actuar, el ex director de Pemex Fertilizantes comprometió financieramente a la empresa productiva del Estado al concretar la compra de una planta que resultaba inviable.

Por su parte, el magistrado Carlos Mena aseveró que en este caso quedó demostrado que Édgar Torres trató de disfrazar la compra de Fertinal, al argumentar que la adquisición la realizó en su carácter de particular y no de servidor público.

En un comunicado, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, manifestó que la resolución “demuestra, una vez más, que la la dependencia a su cargo va en serio contra los casos que durante mucho tiempo permanecieron impunes y que ya no se permitirán.

Antes había mucha parafernalia, pero nulos resultados. Hoy, con hechos, demostramos que actuamos con la ley en la mano para sancionar la impunidad, uno de los tres factores que, junto con el abuso de poder y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía, conforman la ominosa corrupción estructural.