La Fiscalía General de la República (FGR) podrá judicializar la carpeta de investigación en contra de Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que declare en torno al desvío de más de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a programas sociales entre 2012 y 2018, caso conocido como la estafa maestra, luego de que un tribunal colegiado de Chiapas revocó la suspensión definitiva que impedía su aprehensión.

Zebadúa obtuvo el año pasado la suspensión que impedía su captura, una semana antes de la audiencia inicial en contra de Rosario Robles Berlanga, a quien se le imputó ejercicio indebido del servicio público, cargo que en la actualidad la mantiene privada de la libertad.

Incluso en una de las audiencias en la cual se informó a la ex secretaria de Estado la acusación en su contra, se mencionó que Zebadúa era quien dirigía las acciones para elaborar los contratos con universidades y otras entidades públicas y privadas por medio de los cuales se cometió el millonario desvío.

Por este caso, la semana pasada Robes Berlanga solicitó al juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, que cite a declarar a 15 testigos para demostrar su inocencia, entre ellos al ex oficial mayor.

En su demanda, Zebadúa reclamó a la FGR la omisión para citarlo en calidad de inculpado o imputado dentro de la carpeta de investigación que integró para saber la acusación, los datos de prueba que existen en su contra, así como no darle acceso a las constancias.

Sin embargo, el colegiado argumentó que “es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que esta autoridad no judicialice la carpeta de investigación, pues esto contraviene disposiciones de orden público al paralizar el procedimiento penal, imposibilitando al Ministerio Público a formular imputación y afectando el interés social.

La facultad constitucional de esta autoridad responsable en torno a la investigación de los delitos no puede paralizarse, ya que la sociedad está interesada en que se ejerza plenamente sin demoras, ya que, de no hacerlo, se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, mismas que no obtendrían la reparación del daño causado ni tendrían acceso a una justicia pronta, agregaron los magistrados, por lo que toma otro giro el caso.