entirosos, cínicos o ignorantes de los cochupos –esto último imposible de creer–, partidos políticos y pandillas que los acompañan han puesto el grito en el cielo y se cortan las venas por la extinción de 109 fideicomisos que en el régimen neoliberal manejaban fondos públicos impunemente y con total opacidad. Muchos sectores prioritarios quedarán sin recursos para realizar sus actividades, vociferan, como si a lo largo de los años hubieran respetado el destino original de tales dineros.

El presidente López Obrador ha dicho que los gritos y sombrerazos provienen de quienes aparentan preocupación de que el pueblo se quedara sin atención médica, sin medicamentos, porque el fideicomiso de salud va a desaparecer; que les preocupa mucho la ciencia, la tecnología, porque se va a quedar sin apoyo, sin dinero esta materia. Pero no: “lo que están defendiendo es al régimen corrupto que existía y que queremos erradicar por completo… Es lamentable que legisladores estén defendiendo a ladrones, a gente deshonesta, y lo vamos a probar”.

Hasta donde la memoria da, los ahora gritones callaron cuando, por ejemplo, se documentó –al menos desde 2008– que los gobiernos panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón) decidieron que los recursos públicos destinados a ciencia y tecnología se canalizaran (vía Conacyt; entre 2001 y 2012 se destinaron alrededor de 40 mil millones de pesos a tal fin, no recuperables) a los grandes corporativos nacionales y foráneos para que estos desarrollaran su propia tecnología sin beneficio para la nación, mientras a los centros de investigación del sector público (como el Instituto Mexicano del Petróleo, para no ir más lejos) los mataban de hambre, con brutales recortes presupuestales. Y nadie se quejó ni tomaron la tribuna parlamentaria para patentizar su rechazo a dichas prácticas.

En 2001, Vicente Fox creó un comité interinstitucional (Conacyt, Hacienda, Economía y Educación Pública) para la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología; es el organismo público que autoriza a las empresas un crédito fiscal equivalente a 30 por ciento de los gastos e inversiones realizados en un ejercicio dado por los conceptos referidos, pero sólo a los grandes corporativos. Y Felipe Calderón hizo lo propio, es decir, siguió con el esquema para beneficiar a los mismos de siempre.

¿A quiénes se les dio ese dinero? ¿A la UNAM, el IPN o las universidades estales? No: a Televisa, Bachoco, Banco Azteca, Bimbo, Barcel, Banamex, General Motors, Daimler Chrysler, Ford, Arca (embotellador de Coca-Cola en México), Cadbury Adams, AstraZeneca, Bayer, Bombardier, Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Du Pont, Laboratorios Abbott, Gamesa, Sabritas (subsidiarias de Pepsico), Telmex, Grupo Posadas, Volkswagen y Nissan, entre otras.

Muchos de los dueños de esos consorcios aparecen en la lista de multimillonarios Forbes, y año tras año registran voluminosas y crecientes utilidades –lo que en automático cancelaría las necesidad de un “estímulo fiscal–, pero que le cargan al Estado –como tantas otras cosas– los gastos por investigación y tecnología para sus intereses empresariales. Por ejemplo, a Sabritas se le financió un salero industrial para que sus productos chatarra utilizaran sólo la sal necesaria, no para combatir la hipertensión de los mexicanos, sino para ahorrar unos cuantos millones en sus compras de cloruro de sodio.

Cómo olvidar que en el arranque del gobierno de López Obrador la directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla Roces, denunció que sólo en el sexenio peñanietista, del presupuesto destinado a esta institución se hicieron transferencias por alrededor de 50 mil millones de pesos a distintas empresas privadas, lo que no es aceptable en un país en el que ni siquiera hemos llegado a invertir el 0.4 por ciento del PIB en el aporte nacional a ciencia y tecnología.

Las rebanadas del pastel

De esa inmundicia los gritones de hoy nada dijeron. Cerca de 100 mil millones de pesos y permanecieron mudos.

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