La política migratoria en México, sustentada en la seguridad nacional y presionada por el gobierno de Estados Unidos, ha incidido en mayor la criminalización de la migración y de quienes la acompañan y defienden –organizaciones civiles, colectivos, albergues, comedores o refugios–, señaló la Universidad Iberoamericana (Uia), campus Tijuana y Ciudad de México.

En un amplio estudio, investigadores y especialistas en diversas áreas académicas consideraron también que México se ha convertido, ya desde hace tiempo, en tercer país seguro, estrechamente vinculado con la política de control migratorio y disuasión de las solicitudes de asilo dictada por el vecino país del norte.

La transferencia de obligaciones de protección internacional a México se ha efectuado mediante una amalgama de acuerdos binacionales de carácter tanto formal como informal, concluye el documento Posicionamiento sobre el contexto migratorio en México 2020.

A lo largo de 66 páginas, una decena de investigadores de la Uia, además del Programa de Asuntos Migratorios de esa institución analiza estructuralmente el fenómeno migratorio en el país en cinco ejes temáticos: factores socioeconómicos; sociedad civil, defensores de derechos humanos y otros actores; políticas de Estado y marco legal; migración y salud, así como migración interna.

Desde el inicio está la denuncia de un aumento en la criminalización de los migrantes, pero también de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, tanto de actores gubernamentales como de grupos civiles y de la delincuencia organizada.

Identifica, por ejemplo, más de 60 casos de hostigamiento que incluyen vigilancia, estigmatización y difamaciones, así como detenciones, arrestos, deportaciones, amenazas, agresiones físicas y redadas en albergues registradas en el último año.