Juchitán, Oax., Comuneros zapotecos del municipio de Unión Hidalgo interpusieron una demanda civil en París contra la empresa eólica Eletricité de France (EDF) por violar la Ley de Vigilancia que obliga a las empresas francesas a respetar normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Norberto Altamirano, vocero de los asambleístas, explicó que la demanda contra EDF marca un precedente porque es la primera vez que una comunidad indígena denuncia a una empresa en su lugar de origen, y ahora esperan que las autoridades del país europeo den respuesta a sus peticiones, pues en su lugar de origen declaran una cosa y aquí hacen otra. No hay ética.

En 2018, el entonces presidente Enrique Peña Nieto otorgó a EDF un permiso para la construcción del parque eólico Gunna Sicarú (Mujer Bonita) sin consulta libre e informada, como lo estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que los asambleístas se organizaron e interpusieron un amparo.

Tras la querella, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de la Secretaría de Energía anunció que llevaría a cabo una consulta indígena, la cual se encuentra detenida debido a la pandemia de Covid-19.

En la última sesión de la consulta, celebrada en marzo pasado, la empresa EDF, por medio de su filial en Oaxaca, informó que modificaron el número de torres y su capacidad. Ahora serán 62 unidades, cada una de 4.64 megavatios/hora, en el mismo polígono.

Se estipuló que la producción anual estimada será de 825.7 gigavatios por 30 años y se instalará en dos polígonos, el más grande en Unión Hidalgo y el segundo en la comunidad de La Ventosa, agencia municipal de Juchitán.

Norberto Altamirano aseguró que las trasnacionales violan los derechos humanos y criminalizan a los pobladores que cuestionan la simulación que rodea al proyecto.

El vocero exhortó al tribunal francés, en nombre de los asambleístas indígenas, a cancelar el proyecto Gunna Sicarú en Unión Hidalgo, porque hasta ahora lo único que ha dejado a la comunidad es la división del tejido social y conflictos internos.

Señaló que la consulta indígena está detenida a causa de la pandemia, con autorización de la Secretaría de Energía, aunque existe la pretensión de autoridades judiciales de reactivarla.