l rechazo definitivo a la pretensión de la organización calderonista México Libre de lograr el registro como partido político ilustra claramente la necesidad de reformar la legislación y las instituciones electorales del país, no porque el engendro del michoacano haya sido rechazado, sino porque se le permitió llegar tan lejos a un grupo sospechoso de tener vínculos con actividades delictivas.
Veamos: nadie, en el Instituto Nacional Electoral (INE) ni en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –instancias que coincidieron en negarle a México Libre la posibilidad de ser partido– trajo a colación el hecho de que durante seis años la figura principal de esa cosa haya tenido en el cargo de secretario de Seguridad Pública a un individuo que enfrenta acusaciones por tráfico de drogas en Estados Unidos y que en México podría ser imputado con cargos de corrupción, más los que se acumulen. Vaya, ni siquiera repararon en que el propio Genaro García Luna ha sido señalado como organizador y patrocinador prominente de México Libre.
Ciertamente, debe respetarse la presunción de inocencia; además, la justicia es formalista y ni el INE ni el TEPJF tienen atribuciones para investigar actos de lavado de dinero o delitos contra la salud. En el marco legal vigente, uno y otro tienen la obligación de verificar que los partidos y los grupos que aspiran a serlo mantengan cuentas claras, y en el caso de México Libre es lo que hicieron. Pero ambos organismos rechazaron por estrecho margen la petición de Felipe Calderón y de Margarita Zavala y bien habría podidio ocurrir que, por un voto de diferencia en cualquier de esas instancias, algo que puede ser el brazo electoral de un cártel estuviera hoy incrustado en el escenario político nacional y que empezara a recibir carretadas de dinero público.
Ese sería el caso si los Calderón-Zavala no fueran tan transgresores y tan adictos a hacer trampa. Pero para esa legalidad electoral lo importante es que los números cuadren, hubo en las finanzas de México Libre un faltante de comprobación de los orígenes del dinero recibido y tanto el IFE como el TEPJF decidieron –por un voto de diferencia en cada caso, recuérdese– no dejar pasar la anomalía. Si estas leyes no se cambian, tal vez los contadores de un grupo criminal sean más cuidadosos y pulcros a la hora de preparar la documentación para conseguir un registro de partido político.
Una primera moraleja es que, ante la sospecha de que una organización política sea fachada de una banda delictiva, habría que congelar de inmediato todo trámite ante las autoridades electorales y esperar a que las investigaciones procedentes despejen las sospechas para proseguir la gestión.
Además de los asuntos penales, están los ideológicos y programáticos. Nadie cuestionó, por ejemplo, que Acción Nacional y México Libre representen la misma ideología y sean, en los documentos, indistinguibles. Y es que no tiene ningún sentido que dos organizaciones separadas por un simple pleito por el poder sean mantenidas por el erario con el pretexto de la pluralidad. Lo mismo puede decirse de la proliferación de grumos de tendencia indefinida que acudieron este año a solicitar su registro como partidos. Se trata, una vez más, de expresiones de una visión político-empresarial para la que una formación con registro ante el INE puede generar grandes oportunidades de negocio –las prerrogativas son siempre millonarias– y conformar bloques de negociación que permitan a sus dirigentes el acceso a posiciones de poder.
Y por encima de todo está la crisis de identidad y de representatividad de los partidos políticos, inducida en buena medida por unas reglas del juego concebidas para despolitizarlos y convertirlos en meras entidades administradoras de recursos; el obsceno florecimiento del marketing político, las elecciones como tianguis para una miriada de despachos de publicidad, asesoría e imagen y dos instituciones, el IFE y el TEPJF, que devoran presupuestos astronómicos sin ningún recato y sin más resultado que llevar a la ciudadanía al escepticismo y el descontento ante la política formal. En suma, hay que tomar en serio la necesidad de separar a la política del dinero.
La institucionalidad electoral del país debe repensarse y reformularse. Ojalá que en cuanto terminen los comicios del año entrante haya condiciones favorables para poner sobre la mesa la imperiosa necesidad de una reforma política. La transformación de la vida pública debe incluirla.
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