La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó la propuesta de diputadas de convocar a la brevedad a un plan emergente para disminuir la violencia contra las mujeres. Además, en una comparecencia de más de seis horas, afirmó que el tratado de aguas con Estados Unidos –que data de 1944– beneficia más a México, y ojalá no tengamos que revisarlo por el gobierno de Chihuahua.

Al abordar el conflicto derivado de las protestas para impedir el trasvase de agua a aquel país, acotó que la competencia sobre las aguas nacionales y las presas es federal. ¡Si eso no queda claro, que quede claro!, exclamó.

Informó que elementos de la Guardia Nacional están detenidos por los presuntos delitos que cometieron durante las protestas de productores en la presa de La Boquilla.

Ante las críticas de las diputadas de todas las bancadas, Sánchez Cordero expuso que ella sirve a la patria, no a un patriarca.

Durante las participaciones de los diputados, Martha Tagle (MC) planteó la urgencia de que el gobierno llame a un plan emergente, ante el incremento de violencia contra las mujeres y los feminicidios.

Precisó que en los años pasados se registró una curva ascendente de feminicidios, con un incremento constante de 2006 a 2018, y tan sólo entre 2006 y 2016 el aumento fue de 51.4 por ciento, mientras que de 2016 a 2017 bajó a 18.6; subió de 2017 a 2018, 19.3 por ciento; en 2019 fue de cinco punto y pico, pero esto tampoco es admisible.

Explicó que en seis estados se concentran 50 por ciento de los feminicidios: Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, estado de México, Jalisco y Baja California. También citó que ciento por ciento de estos feminicidios se perpetran en 13 municipios.

Sánchez Cordero reconoció que durante la pandemia, las agresiones, feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, niñas y niños no disminuyeron y, por el contrario, en semanas recientes hemos visto crímenes atroces.

Precisó que en esa dependencia se atiende y recibe a todas las organizaciones feministas, sin distinción de afiliación o de grupos. No desconfiamos de ninguna mujer, mucho menos de las que son víctimas. Todas merecen nuestro respeto, solidaridad y compromiso, indicó.

Asimismo, abordó las críticas que ha recibido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como las movilizaciones de protesta.

Este gobierno respeta de manera irrestricta la libertad de expresión de todos los medios, en las redes sociales, en las manifestaciones y concentraciones de ciudadanos que hacen uso de sus derechos. Nuestra tarea no es contar cuántos asisten, sino que tengan garantizado el ejercicio de sus derechos. Sean uno o sean decenas o miles, subrayó la funcionaria.

Por otra parte, respondió a los legisladores que la pregunta aprobada por la Suprema corte de Justicia de la Nación para la consulta popular permitirá concluir si las decisiones de políticos del pasado derivaron en tortura, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.