El director de asuntos de gobierno de la alcaldía Coyoacán, Antonio Méndez Hernández, presentó su renuncia al cargo con carácter de irrevocable ante posibles hechos de corrupción que fueron reportados al alcalde Manuel Negrete en el área de vía pública, sin que se atendiera el problema.

La dimisión del funcionario se da a tan solo 10 días de que la Secretaría de la Contraloría General de la capital determinara la separación del cargo del jefe de Unidad Departamental, Édgar Rodríguez Silva, así como del subdirector de Mercado y Vía Publica, Juan Antonio Sandoval, quienes actualmente son investigados por posible cohecho contra ambulantes.

En la carta renuncia que presentó el funcionario el 15 de octubre, expuso al alcalde que entre los motivos de su renuncia está el desbordamiento ilegal del comercio en vía pública en el centro histórico de Coyoacán y agregó que los funcionarios investigados autorizaron la instalación de 150 vendedores.

Por su parte, los comerciantes indicaron que fueron extorsionados por parte del personal de vía pública para instalarse.

Méndez aseguró en su misiva que el reporte lo hizo al alcalde el 5 de octubre, quien me solicitó redoblar esfuerzos y trabajar arduamente para solucionar el problema de vía pública.

Asimismo expone que tiempo atrás enfatizó e informó al director general de gobierno y asuntos jurídicos de la alcaldía de actos en los que detectó presunta corrupción, sin que se diera atención para resolver el problema.

Otros de los motivos de su renuncia fue la protesta que se realizó en el domicilio de la diputada Leticia Varela, luego de que la legisladora de Morena manifestara posibles actos de corrupción en el área de vía pública de la alcaldía ante la ocupación indebida del comercio en calles del centro de Coyoacán.

La administración de Negrete ha sido señalada en varias ocasiones porque funcionarios a su cargo han estado involucrados en presuntos actos irregulares. En concreto, se ha mencionado a las áreas de comercio y vía pública, así como la de construcciones, las cuales dependen de la dirección general jurídica de gobierno.