Las recientes amenazas de muerte en contra de reporteros de Iguala, Guerrero, forman parte de una serie de actos de violencia e intimidación que dieron inicio desde hace muchos meses, y ante los cuales el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha mostrado muy poca capacidad de respuesta.

Así lo afirmó Omar Bello, miembro de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, quien subrayó que el simple acto de extraer a la víctima del entorno donde fue amenazado no soluciona de raíz el problema, pues los responsables de los ataques prácticamente nunca son investigados y el comunicador se ve impedido de seguir ejerciendo su labor informativa.

Nosotros tenemos desde el mes de marzo pidiéndole al mecanismo que le dé atención a los compañeros de Iguala, y en agosto pasado mataron a Pablo Morrugares. Después de eso, nuevamente se le hizo la misma petición a las autoridades, pero no ha habido respuesta, lamentó el reportero originario de Zihuatanejo, quien lleva más de tres años desplazados en la Ciudad de México.

De acuerdo con Bello, muchos de los periodistas amenazados en Iguala se han negado a que los saquen de la ciudad, por considerar que no se les brindan las condiciones adecuadas de seguridad a ellos y a sus familias, y que de esta forma no se resuelve el tema de fondo.

Hay una compañera que vive con su mamá, sus tres hijos y una muchacha con discapacidad que ella se echó la responsabilidad de cuidar. Con ella, son seis personas, y no hay un lugar para recibirlos. ¿A dónde se los van a llevar? El gobierno te da casa y comida y se acabó: lo demás es tu problema, lo cual hace que muchos de los beneficiarios del mecanismo vivan con precariedad, dijo.

Dicho entorno, de por sí complicado, se vuelve aun más difícil por la eventual desaparición de los fideicomisos de ayuda a víctimas. Antes al menos teníamos una tablita de la cual te podías pescar, pero ahora es incierto qué va a pasar con nosotros mañana, señaló Bello, quien destacó que tan sólo en lo que va del mes, en Guerrero ha habido al menos 35 asesinatos documentados, siete de los cuales han ocurrido en Iguala.