acia las 9 de la noche del jueves 15 de octubre, una noticia bomba asombró a México y sacudió a la jerarquía militar mexicana: el secretario de la Defensa Nacional del régimen de Enrique Peña Nieto, general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda, había sido detenido en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, en el marco de la llamada Operación Padrino de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés).

Dada la oportunidad del hecho, no es posible deslindar al llamado Estado profundo –la estructura secreta que dirige la política exterior y de seguridad de la Casa Blanca− de la operación de la DEA y la justicia estadunidense a sólo 19 días de las elecciones presidenciales en ese país. Tampoco, del uso diversionista, contrarreloj, que pueda darle a la misma el presidente Donald Trump en su carrera por la relección.

El viernes 16, por videoconferencia, el otrora todopoderoso divisionario Cienfuegos −apodado El Padrino y Zepeda en la acusación formal registrada por la fiscalía ante el tribunal federal del distrito este con sede en Brooklyn, Nueva York− escuchó impasible, en una corte californiana, los cuatro cargos que le imputó el juez Alexander McKinnon en la brevísima audiencia inicial: tres por conspiración de manufactura, distribución y exportación a Estados Unidos de drogas ilícitas (heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana), y otro por conspiración para blanquear fondos procedentes del narcotráfico (lavado de dinero), que podrían implicar una condena de entre 30 años de cárcel y cadena perpetua.

La parte acusadora sostuvo que Cienfuegos abusó de su puesto como secretario de Defensa para ayudar al cártel de El H-2 (Juan Francisco Patrón Sánchez, abatido desde un helicóptero de la Marina con disparos de una ametralladora multicañón ( minigun) en febrero de 2017) a traficar miles de kilos de diferentes narcóticos a EU a cambio de sobornos. Según los fiscales, bajo la protección de Cienfuegos, Patrón encabezaba una facción importante del cártel de los Beltrán Leyva en Tepic, Nayarit, con ramificaciones en Jalisco, Colima, Guerrero y el sur de Sinaloa. (El grupo delincuencial también habría recibido protección del ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval y del ex fiscal de esa entidad Édgar Veytia, sentenciado en EU a 20 años de prisión, y quien, según The New York Times, sería uno de los testigos que tiene la Fiscalía contra Cienfuegos).

Las evidencias obtenidas fueron con base en intercepciones de mensajes de texto vía Blackberry, pero la DEA también contaría con la grabación de una conversación telefónica de Cienfuegos con capos de la droga. La presunta complicidad del ex titular de la Sedena con el cártel de Patrón habría incluido contactos con otros oficiales del Ejército para asistir en labores de protección y alertar de operaciones de inteligencia de EU contra la organización; localización de rutas para el transporte marítimo de drogas y lanzar acciones militares contra grupos criminales enemigos.

Según versiones periodísticas, el expediente judicial de la fiscalía neoyorquina contra Cienfuegos incluye una lista de 10 generales. Tomando en cuenta el área de actuación de los cárteles involucrados en la investigación (Sinaloa, Beltrán ­Leyva, H-2), la jefatura de la quinta Región Militar, que abarca las comandancias castrenses de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit, podría resultar clave, en particular en el periodo señalado sobre el presunto padrinazgo del ex jerarca castrense a los mismos: 2015-17.

En ese lapso, la comandancia de la quinta Región Militar en La Mojonera, Zapopan, Jalisco, fue ocupada por los generales Miguel González Cruz y Eduardo Zárate Landeros. Muy cercano al entonces secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, Zárate venía de encabezar la tercera Región Militar, en Mazatlán, con jurisdicción en Sinaloa y Durango. Su último cargo fue de oficial mayor de la Sedena. A su vez, entre 2015 y 2017, la comandancia de la 13 Zona Militar en Tepic, Nayarit, la ocuparon los generales de brigada Miguel Andrade Cisneros, y su relevo, Leopoldo Quezada Ávalos. Según el investigador Juan Veledíaz, tras la captura de Cienfuegos, esos cuatro militares, junto al que fue jefe de Estado Mayor y subsecretario de la Defensa Nacional, el general retirado Roble Granados Gallardo, estarían en la mira de la DEA y la fiscalía neoyorquina.

A su vez, el actual comandante de la quinta Región Militar, general Pedro Gurrola Ramírez, ex inspector y controlador general del Ejército y Fuerza Aérea, en la Ciudad de México, habría integrado la terna que le presentó Cienfuegos al presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo al frente de la Sedena. Antes, Gurrola fue comandante de la Fuerza de Tarea Sierra Madre en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, en los municipios del triángulo dorado de la droga en México.

Otros generales del círculo más cercano a Cienfuegos son Alejandro Saavedra Hernández, actual director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y ex comandante de la 35 Zona Militar cuando desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa, quien también habría integrado la terna de la sucesión en la Sedena; José Luis Sánchez León, actual director de Industria Militar y ex comandante de la 22 Zona Militar en el estado de México cuando los hechos de Tlatlaya, y André Foullon, actual subsecretario de Defensa.

Cienfuegos fue comandante de la novena y quinta regiones militares con sede en Guerrero y Jalisco, y en 2012 su nombre se vinculó al narcotráfico en esa última entidad.