La Cámara de Diputados aprobó anoche, como parte de la política de ingresos 2021, una reforma a la Ley de Disciplina Financiera de estados y municipios, para que cuando el PIB caiga más de 5 por ciento, puedan diferir sus adeudos de corto y largo plazo, sólo por un año, como una forma de alivio temporal a la presión que mantienen por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.

Asimismo, modificó la propuesta del Ejecutivo, que planteó eliminar –en la Ley Federal de Derechos que se aprobó anoche en lo general– la posibilidad de que las empresas mineras mantuvieran la acreditación del derecho de extracción contra el pago del impuesto sobre la renta (ISR). Avaló, en cambio, que sólo se acredite 50 por ciento y que ese beneficio se suprima de manera paulatina.

También autorizó sólo la mitad del monto adicional que la Secretaría de Hacienda propuso aplicar a los concesionarios del espectro radioeléctrico. En un foro público la semana pasada, los concesionarios advirtieron que el aumento en ese derecho se trasladará a los usuarios.

Al iniciar ayer la discusión en materia de ingresos, el pleno avaló una propuesta impulsada por Morena para que los gobiernos locales renegocien sus deudas, como una forma de enfrentar la falta de recursos.

En tribuna, el secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), explicó que al autorizar el diferimiento temporal de adeudos de corto y largo plazos se mantienen las obligaciones legales de los gobiernos, pero se liberan recursos para que puedan atender la pandemia, las presiones financieras y el contexto económico.

Por ejemplo, les permitirá contratar personal médico, pero no cubrir otro tipo de plazas de gobierno.

En este momento es cuando hay que actuar para ayudar a las entidades y municipios porque existe el riesgo de que caigan en insolvencia y ello sería la entrada a caídas en las valoraciones crediticias e incremento en las garantías, es decir, un escenario de mayor impacto y gravedad, señaló el morenista.

El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) indicó que se esperaba un paquete de ingresos y gastos 2021 que llevara a la recuperación económica, pero lamentó que la política que aprobará la cámara se aleja profundamente de un acto solidario con las familias mexicanas.

En cambio, dijo, con las medidas que se incluyen para aumentar los gravámenes al espectro radioeléctrico se afectará a usuarios de telefonía móvil y datos, justo cuando se pide a las familias que se estudie y trabaje a distancia utilizando esos servicios. Es una lamentable incongruencia. Propusimos que los gastos de salud, de educación, así como las inversiones de las empresas fueran deducibles y Morena dijo que no.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas Baca (PAN), explicó que en el caso de la Ley Federal de Derechos, se cobrará un monto menor a la nueva cuota que propuso el Ejecutivo por el uso del espectro radioeléctrico, y se incluyó una tabla a pagar por los concesionarios, según la ubicación por regiones y estados del servicio.