Por ley, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por conducto de la Fiscalía General de Justicia Militar, está obligada a iniciar una carpeta de investigación luego de la aprehensión de Salvador Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos, pues así lo establece el artículo 60 del Código de Justicia Militar.

Al respecto, el especialista en derecho militar César Gutiérrez Priego explicó que esta obligación no es renunciable y que, de no proceder, las autoridades incurrirían en responsabilidades, que podrían derivar incluso en su destitución.

Dicho artículo establece: Cuando haya de juzgarse a un militar por delito de la competencia del fuero militar, encontrándose procesado por alguno del orden común o federal, la autoridad judicial militar, si tiene conocimiento del lugar en que el inculpado se halle detenido, y si no, desde el momento en que tal circunstancia le fuere sabida, librará oficio informativo a la autoridad judicial del orden común o federal, solicitando su colaboración para celebrar la audiencia inicial o el acto procesal que corresponda.

Gutiérrez explicó que, con independencia de los cargos que enfrenta ante la justicia estadunidense, las autoridades militares mexicanas tienen la obligación de iniciar una carpeta de investigación contra Cienfuegos Zepeda por posibles violaciones a la disciplina castrense.

Aquí lo que se tutela es la disciplina militar y los posibles delitos que se hubieran cometido contra la disciplina militar, incluso sería inteligente de su parte hacerlo para deslindarse y demostrar que ya están iniciado ellos carpeta de investigación y que no hay ninguna intención de protegerlo o de hacerse de la vista gorda, agregó.

Explicó que la ley militar no considera una excepción a esta regla cuando la aprehensión de uno de sus miembros es en el extranjero.

Añadió que la Sedena y su fiscalía sólo podrían argumentar que no han recibido notificación oficial de la aprehensión de Cienfuegos Zepeda, pero que esto eventualmente sucederá, pues el detenido sigue siendo un alto funcionario del gobierno mexicano, debido a que por un decreto presidencial que data de los años 70 del siglo pasado, todos los ex secretarios de la Defensa forman parte del equipo de asesores del titular de esa dependencia.

Si ya existe una imputación en contra de una persona, de oficio la justicia militar tendría que iniciar una carpeta de investigación y tendría que empezar a recabar datos de prueba para ver si se incumplió o se violó cualquiera de las disposiciones de la disciplina militar, concluyó el entrevistado.